
No todos los sectores podrían adaptarse a un modelo de cuatro días de trabajo y tres de descanso. Así lo analizó el economista César Villalona al referirse a la propuesta de modificar la jornada laboral en El Salvador, que plantea concentrar las 44 horas semanales en cuatro jornadas de 11 horas.
Villalona explicó que esta iniciativa, impulsada en los años noventa por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y retomada en distintos momentos, está actualmente en discusión en el Consejo Superior del Trabajo.
El economista detalló que las posibilidades de aplicar este esquema dependen de las características y requerimientos de cada actividad económica.
Señaló que el impacto no sería homogéneo y que, en la práctica, sectores como la industria o los servicios podrían enfrentar dificultades operativas si se implementa el cambio sin un análisis sectorial.
Además, subrayó que la propuesta aún se encuentra en fase de discusión y que su alcance real dependerá de futuras negociaciones.
Villalona señaló que, dadas las condiciones salariales actuales, es probable que algunos empleados busquen un segundo empleo durante los días libres. Describió que, bajo el esquema 4-3, quienes opten por otra ocupación firmarían un contrato distinto, lo que evitaría el reconocimiento de horas extra.
De esta manera, los trabajadores podrían acumular hasta 56 horas semanales sin recibir compensación adicional por jornada extendida. Según el análisis del economista, este mecanismo representa un ahorro para los empleadores, quienes no estarían obligados a pagar recargos por trabajo adicional.

Debate sobre productividad y condiciones laborales
En entrevista en Diálogo, Villalona advirtió que la extensión de las jornadas no implica necesariamente un aumento en la productividad. Argumentó que la productividad se mide por la cantidad de producto generado en un periodo determinado y que jornadas más largas pueden ocasionar fatiga y disminuir el desempeño individual.
Para el economista, el principal objetivo de la propuesta parece ser la reducción de costos empresariales, más que la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Indicó que los mayores beneficios económicos recaerían en los empleadores, mientras que los empleados enfrentarían el reto de soportar cargas laborales más extensas sin una mejora proporcional en sus ingresos.
Al referirse al contexto institucional, Villalona destacó que la reforma es impulsada por el gobierno, pero consideró que el debate actual se enfoca en la rentabilidad empresarial y la eficiencia en la administración de recursos humanos.
Insistió en la necesidad de analizar el impacto en cada sector antes de implementar cambios generales en la organización del trabajo.

Perspectiva sobre sostenibilidad y bienestar
Villalona sostuvo que para que una reforma de este tipo sea sostenible sería necesario acompañarla de políticas orientadas a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y generar más empleo formal.
Opinó que, si estos aspectos no se abordan, el cambio en la jornada laboral podría tener un efecto limitado sobre el bienestar de la mayoría de la fuerza laboral, especialmente en un país donde muchos trabajadores aún ocupan puestos informales sin acceso pleno a derechos laborales.
Finalmente, el economista subrayó la importancia de que cualquier modificación en la jornada laboral sea evaluada a partir de estudios sectoriales y en consulta con los distintos actores sociales. Consideró que este enfoque permitiría que los eventuales cambios contribuyan tanto a la eficiencia económica como a la dignidad y estabilidad de los trabajadores.

