En el marco de la Audiencia Única Abierta contra la estructura jerárquica de la Mara Salvatrucha (MS-13), el sistema judicial salvadoreño ha marcado un hito en la presentación de pruebas tecnológicas.
Durante las últimas jornadas, el día de ayer 7 de abril, un desfile probatorio se centró en la reproducción de 125 audios interceptados, piezas clave que no solo incriminan a 486 procesados, sino que revelan la frialdad operativa y la estructura de mando vertical que sometió al país durante una década.
El Centro Judicial de El Salvador informó que la jornada probatoria concluyó con la exposición de conversaciones grabadas donde se documentan delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. Estos audios no son simples registros de voz; son crónicas de crímenes en tiempo real.
Uno de los fragmentos más estremecedores presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) describe una persecución implacable. En la grabación se escucha cómo un grupo de pandilleros sigue de cerca a una ambulancia que trasladaba a una persona herida de bala en el rostro. El objetivo de los atacantes era interceptar el vehículo de emergencia para “rematar” a la víctima y asegurar su fallecimiento antes de que recibiera atención médica.
Otras grabaciones capturaron los momentos finales de diversas víctimas. En el tribunal resonaron los gritos de auxilio mientras los victimarios, en un acto de cinismo absoluto, se burlaban de su agonía antes de disparar.
La “economía” del crimen y la red de enlaces
El material auditivo también arrojó luz sobre el sistema financiero de las clicas. En una de las conversaciones, un pandillero menciona tener un “censo” detallado de los pagos por extorsión en las colonias bajo su control.
Su interlocutor, lejos de mostrar satisfacción, sugiere aumentar las cuotas argumentando que “la Mara estaba corta de dinero”. Este intercambio evidencia que la extorsión no era un acto azaroso, sino una operación contable meticulosa y opresiva.
Asimismo, la prueba tecnológica puso al descubierto la logística de comunicación entre el exterior y las cárceles. Los audios muestran cómo los cabecillas daban indicaciones precisas a abogados particulares para que estos fungieran como correos humanos, trasladando órdenes y mensajes hacia los centros penales, vulnerando los controles de seguridad de la época.
Este proceso judicial es masivo por definición. Se juzga a 486 sujetos, entre ellos:
- 22 cabecillas de la Ranfla Histórica: Los fundadores y estrategas iniciales.
- 212 ranfleros: Mandos intermedios con alto poder de decisión.
- 152 corredores de programa: Responsables de coordinar múltiples clicas en territorios extendidos.
La tesis fiscal sostiene que estos audios son la prueba irrefutable de que ningún asesinato ocurría por azar. Según la FGR, las grabaciones demuestran que las órdenes para cometer homicidios debían ser autorizadas por los máximos líderes, estableciendo una responsabilidad directa de la “cúpula” sobre los 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022 que se les atribuyen en este expediente.
Debido a la magnitud del caso y la peligrosidad de los imputados, el juicio se desarrolla bajo una modalidad híbrida. Mientras los jueces y fiscales operan desde las instalaciones del tribunal en San Salvador, la gran mayoría de los acusados siguen las audiencias vía videoconferencia.
Muchos de ellos se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), desde donde escuchan, en silencio, las grabaciones de sus propias voces planificando los crímenes que hoy los mantienen tras las rejas.
Además de los audios, se proyectaron ocho videos que muestran ejecuciones, consolidando la decapitación como uno de los métodos principales de intimidación de la estructura. Con el cierre de esta etapa de reproducción de audios y videos, el tribunal se encamina a saldar lo que la Fiscalía denomina una “deuda histórica” con las víctimas, buscando una sentencia que desarticule legalmente no solo a los ejecutores, sino a la mente colectiva de la MS-13.
