
El régimen de Cuba aprobó una metodología obligatoria para incorporar inteligencia artificial en la Administración Pública, mientras amplias zonas del país sufren cortes eléctricos, problemas de conectividad y un deterioro sostenido de los servicios estatales.
La Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial, establece el esquema que deberán seguir los organismos públicos para digitalizar trámites, ordenar sus bases de datos e introducir herramientas de inteligencia artificial en la gestión estatal.
La norma dispone la creación de una cadena de mando con un Comité de Transformación Digital, una Oficina de Transformación Digital y equipos multidisciplinarios. Cada institución deberá elaborar un Expediente Digital de Arranque y someterse a una evaluación sobre diez áreas, entre ellas la disponibilidad de datos, la seguridad informática, la infraestructura y los riesgos legales.
El Gobierno exige datos organizados antes de aplicar sistemas automatizados
El texto fija un criterio central: “Primero los datos, la IA después”. La resolución reconoce que la automatización estatal depende de información estructurada, accesible y administrada bajo reglas comunes.
Esa exigencia pone el foco en la recopilación y centralización de datos en un país donde el Estado amplió sus mecanismos de identificación y vigilancia. En julio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que habilita al Ministerio del Interior para reunir información biométrica, incluidos registros de voz, iris y rasgos faciales, vinculados a una Identidad Digital Certificada.

La metodología establece que los datos deberán alojarse en infraestructuras nacionales y que las decisiones críticas requerirán supervisión humana. Sin embargo, el alcance de esas garantías queda condicionado por un sistema institucional sin controles independientes sobre el uso que los organismos estatales hagan de la información de los ciudadanos.
La nueva estructura digital choca con una red eléctrica inestable
La planificación oficial prevé una primera fase entre 2026 y 2027 para crear capacidades normativas y técnicas. El cronograma reserva 2028 para proyectos piloto y plantea un período de expansión entre 2029 y 2030.
El plan contrasta con las dificultades materiales que enfrenta la isla. Los apagones prolongados, la escasez de combustible, las limitaciones de acceso a internet y el estado de la infraestructura tecnológica condicionan el funcionamiento cotidiano de servicios públicos, escuelas, universidades y empresas estatales.
La norma contempla una pirámide de cinco niveles para el uso de inteligencia artificial, desde asistentes conversacionales y herramientas de análisis hasta automatización de procesos y modelos generativos. El desafío para el Gobierno consiste en trasladar ese diseño administrativo a instituciones que, en muchos casos, carecen de equipamiento actualizado, conectividad estable y suministro eléctrico continuo.
La distancia entre los objetivos oficiales y las capacidades disponibles también aparece en los indicadores regionales. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, ubicó a Cuba en el puesto 15, con 27,96 puntos sobre 100, dentro de la categoría de países “exploradores”.

El régimen de Miguel Díaz-Canel sostiene que la isla puede posicionarse entre los referentes regionales en la materia. Para ello, profundizó acuerdos tecnológicos con Rusia, incluidos proyectos relacionados con el Centro Tecnológico de Liderazgo y Desarrollo Avanzado y Cayo Digital, en la Isla de la Juventud.

