Cerca del 40% de los adultos mayores en Cuba carece de pensión o jubilación, advierte la CEPAL

Cerca del 40% de los adultos mayores en Cuba carece de pensión o jubilación, advierte la CEPAL

Las manos de una persona de edad avanzada contabilizan billetes de pesos cubanos junto a un cuaderno de gastos sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de cuatro de cada 10 personas mayores carecen de jubilación o pensión en Cuba, una situación que sitúa a la isla entre las naciones con mayor desprotección económica para la tercera edad en la región.

Según datos del informe Panorama Social de América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), apenas el 61% de la población de 65 años y más en el país caribeño percibe un ingreso de retiro formal, lo que deja a un 39% de los ancianos sin este resguardo económico.

Esta brecha de cobertura revela dificultades estructurales para proteger a los adultos mayores en una sociedad que experimenta un rápido envejecimiento demográfico y un prolongado estancamiento en sus actividades productivas.

El nivel de protección para la vejez en Cuba se encuentra considerablemente por debajo del promedio de América Latina, donde la cobertura previsional alcanza al 79.2% de las personas mayores. La distancia frente a otros países de la zona resulta marcada. Naciones sudamericanas de larga tradición previsional exhiben tasas muy superiores:

  • Uruguay llega al 92%
  • Argentina y Chile alcanzan el 91%
  • Brasil cubre al 89%.

Con su 61%, la isla forma parte del bloque de países con mayor rezago en el continente. Uno de los factores que explica la baja cobertura global es la escasa presencia de las prestaciones no contributivas, aquellos apoyos estatales dirigidos a personas que no reunieron aportes suficientes durante su vida laboral activa.

Cuba alcanza un 61% de protección en personas de 65 años y más, con solo un 6% correspondiente a pensiones no contributivas (Cortesía: CEPAL).

Además, el documento de la CEPAL detalla que el sistema contributivo tradicional, sustentado en los años de trabajo, ampara al 55% de los ciudadanos mayores. En contraste, las pensiones de carácter asistencial benefician a solo el 6% de las personas de 65 años y más.

Aunque la isla creó normativas de asistencia social en 1979, estos programas no alcanzaron una escala que compense la pérdida de empleo formal o la interrupción en las trayectorias de trabajo de miles de ciudadanos que hoy envejecen sin respaldo económico.

Tres reformas legales buscaron sostener las cuentas del régimen estatal

El sistema jubilatorio cubano opera bajo la modalidad de reparto, un mecanismo administrado por el Estado en el que los ingresos corrientes financian los pagos a los retirados actuales. Este diseño enfrentó severas dificultades operativas a lo largo de las últimas dos décadas.

El informe consigna que el país aprobó tres reformas en los años 2009, 2020 y 2024. Estos cambios normativos buscaron estabilizar las finanzas públicas a través de la modificación de requisitos clave, como el aumento de la edad necesaria para acceder al retiro, ajustes en las fórmulas para calcular las mensualidades y cambios en las obligaciones tributarias o de aportes.

La recurrencia de estas intervenciones en un lapso de 15 años evidencia las presiones fiscales constantes que soporta el esquema previsional frente a una población trabajadora reducida y una demanda creciente de prestaciones.

De igual manera, el estudio de la entidad regional no solo expone el déficit de cobertura de las pensiones, sino que revela una ausencia completa de datos sobre las condiciones materiales de quienes sí cobran su mensualidad en Cuba.

Una anciana cubana sostiene un monedero abierto frente a escasas monedas sobre una mesa, en una habitación que tiene la bandera nacional en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta falta de verificación obedece a tres obstáculos de orden técnico:

  • El Estado cubano no suministra microdatos de encuestas periódicas de ingresos de los hogares al Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG), el repositorio estadístico que emplea la comisión para evaluar la pobreza continental.
  • Las autoridades no publican líneas oficiales de pobreza ni valores de corte monetario que permitan a los organismos externos evaluar de forma independiente el bienestar de las familias.
  • Las distorsiones cambiarias del mercado interno y la inexistencia de factores estandarizados de paridad de poder adquisitivo (PPA) impiden traducir el monto de las prestaciones a valores internacionales confiables.

Por estas razones, la información sobre el país descansa únicamente en registros administrativos que contabilizan cuántos cheques emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que sea factible corroborar si ese ingreso mensual alcanza para adquirir los bienes indispensables de la vida cotidiana.

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