La denuncia anónima que alertó sobre posibles abusos sexuales contra dos niñas motivó una intervención policial en el sur de Honduras. Tras la actuación de las autoridades, ambas quedaron bajo la atención de las instituciones de protección infantil.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la denuncia llegó el 6 de octubre a través del Sistema de Denuncias Anónimas. En la alerta se señalaba a un familiar como presunto responsable de los hechos denunciados
Los investigadores iniciaron las diligencias para verificar la información bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público. El proceso derivó en una intervención en el departamento Choluteca, donde los equipos policiales localizaron a las menores.
Al llegar al domicilio, los agentes constataron que ambas se encontraban sin la presencia de un adulto responsable, según la DPI. Ante esa situación, los funcionarios coordinaron con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) el traslado de las niñas a las oficinas de esa institución en Choluteca, para garantizar su protección y facilitar la atención especializada que requieren.
La intervención busca determinar la veracidad de los hechos denunciados, establecer las condiciones de seguridad de las niñas y evitar que permanezcan expuestas a posibles situaciones de riesgo mientras avanza la investigación.
Evaluaciones físicas y psicológicas
Por tratarse de menores de edad, las actuaciones deben desarrollarse bajo medidas que protejan su integridad física y emocional, así como su privacidad.
Como parte del procedimiento, las dos niñas serán sometidas a evaluaciones físicas y psicológicas a cargo del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público. Esos exámenes aportarán elementos técnicos a la investigación y contribuirán a esclarecer las circunstancias relacionadas con la denuncia.
La información oficial no precisa cuándo se practicarán las evaluaciones ni cuándo estarán disponibles los dictámenes. Los resultados se valorarán junto con los demás indicios y diligencias que desarrollen las autoridades competentes.
La investigación deberá determinar si los hechos denunciados ocurrieron y si existe responsabilidad penal de la persona señalada. Por ahora, la acusación contra el abuelo materno se mantiene en el ámbito de la denuncia y no constituye, por sí sola, una determinación judicial de culpabilidad.
La información disponible no establece si existían denuncias anteriores ni detalla durante cuánto tiempo habrían ocurrido los presuntos abusos.
Protección de las niñas
La coordinación entre la DPI, la SENAF y el Ministerio Público busca atender tanto la dimensión investigativa del caso como las necesidades de protección de las menores.
La intervención de las instituciones de protección infantil apunta a evaluar las condiciones familiares y sociales de las niñas, determinar las medidas de resguardo necesarias y procurar que reciban atención acorde con su edad y situación.
En casos de presunta violencia sexual contra menores, las diligencias deben realizarse con especial cuidado para evitar la revictimización: proteger la identidad de las víctimas, limitar la repetición innecesaria de entrevistas y garantizar que cualquier evaluación sea practicada por personal especializado.
La información disponible no precisa qué medidas de protección adicionales se adoptarán ni si las niñas serán ubicadas temporalmente con familiares u otras personas responsables. Esas decisiones responderán a la evaluación de las instituciones competentes y al interés superior de las menores.
Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las medidas de protección adoptadas ni sobre nuevas actuaciones judiciales relacionadas con la denuncia.
