No pasaron ni 12 horas de la captura del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, cuando un fiscal se presentó públicamente como su sucesor interino.
A las 06:00 de este lunes, Luis Montaño convocó a una conferencia de prensa e informó que estaba asumiendo como nuevo Fiscal General del Estado: “Ante la ausencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, corresponde actuar con responsabilidad, serenidad y absoluto respeto a la Constitución Política del Estado y a la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público”, informó.
Luis Whaner Montaño Morales es uno de los nueve fiscales superiores y uno de los funcionarios más antiguos del Ministerio Público. Al asumir el cargo de manera interina, Montaño explicó que asume por prelación, al ser el Fiscal Superior con mayor antigüedad. Señaló que permanecerá en funciones mientras la Asamblea Legislativa designe a la nueva autoridad.
“En cumplimiento de ese mandato legal y respetando estrictamente el orden institucional establecido, asumo esta responsabilidad como fiscal superior más antiguo que corresponde conforme a la prelación legal. Lo hago no por una aspiración personal ni por intereses particulares, sino por el deber que tengo con la institución y con el pueblo boliviano”, afirmó el fiscal Montaño.
Minutos después, la Fiscalía difundió un comunicado en el que se refirió a la “ausencia definitiva” de Mariaca y señaló que respaldaba la interpretación de Montaño.
Sin embargo, en las últimas horas surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de esta sucesión. Dos abogados constitucionalistas explicaron a Infobae que lo que corresponde es convocar a una nueva elección de fiscal en la Asamblea Legislativa, siguiendo el procedimiento constitucional.
Si bien la ley establece que ante la ausencia del fiscal general asume temporalmente el de mayor antigüedad, señalan que la suplencia actual responde a un hecho extraordinario. “No es que Mariaca renunció o está de viaje por dos o tres días, está preso por corrupto y narco”, afirmó en entrevista el abogado José Luis Santistevan.
“La Asamblea debe tocar el tema con carácter de urgencia y salvar la gestión de la Fiscalía nombrando a otro fiscal inmediatamente”, agregó el jurista.
En tanto, el vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, pidió paciencia para una evaluación jurídica. “Esperemos que se pronuncien las autoridades del caso, está todavía en evolución, tengamos paciencia”, afirmó en una rueda de prensa en La Paz.
El Fiscal General del Estado en Bolivia, la figura que dirige el Ministerio Público para la investigación de delitos y ejercer la acción penal pública, es elegido por la Asamblea Legislativa mediante una votación de dos tercios de sus miembros, tras un proceso de selección y evaluación de los postulantes.
El mandato dura seis años y el cargo no permite una reelección inmediata. Mariaca, fue elegido en 2024 con el respaldo de todas las bancadas legislativas de entonces, por lo que su mandato estaría vigente hasta 2030, salvo renuncia o impedimento.
Tras asumir el cargo y recibir el respaldo de la Fiscalía, Montaño nombró a Mabel Andrade Molina como fiscal departamental de Santa Cruz, ante la aprehensión de Alberto Zeballos, que hasta ayer ejercía ese cargo.
Estas detenciones forman parte de un operativo mayor en el que la Policía boliviana capturó a 14 personas, entre ellas fiscales y al menos un jefe policial, a quienes acusa de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
