La visita del papa León XIV a la Argentina llegará precedida por un diagnóstico sobre pobreza, endeudamiento familiar, salud mental y consumos problemáticos que dirigentes sociales, empresarios y referentes políticos le entregaron en Roma. El documento podría incidir en la agenda social que el Pontífice mantenga con sectores de las comunidades populares durante su estadía prevista para el domingo 8 de noviembre.
La presentación se realizó en el marco de un encuentro vinculado a Fratelli Tutti. La delegación buscó acercarle al Papa una mirada compartida sobre la situación socioeconómica del país antes de su viaje.
Entre los integrantes de la comitiva estuvo Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El dirigente describió en Infobae Al Mediodía un escenario que, aseguró, atraviesa a los barrios populares, a los trabajadores registrados, a las pequeñas empresas y a quienes desarrollan actividades informales.
Para Gramajo, el problema va más allá de los niveles de pobreza y desempleo. La dificultad para afrontar la compra de alimentos, los alquileres y otros gastos cotidianos se combina, planteó, con situaciones de violencia, problemas de salud mental y endeudamiento.
“El nivel de violencia horizontal, el nivel de problemas de salud mental y el avance del crimen organizado” forman parte de ese cuadro, afirmó el referente de la UTEP. Además, habló de suicidios, tristeza y angustia entre quienes enfrentan desalojos o no consiguen ingresos suficientes.
En ese contexto, muchas familias recurren a préstamos informales ante la imposibilidad de acceder al sistema financiero formal. Gramajo sostuvo que esos circuitos se vinculan con redes de narcomenudeo que operan en barrios populares de distintas zonas del país.
Trabajadores en la informalidad
La situación, de acuerdo con el dirigente, también alcanza a quienes tienen empleo registrado. “Tenemos trabajadores formales que su salario no le alcanza”, sostuvo al referirse a personas que suman más de un trabajo o usan sus vehículos por la noche para generar ingresos a través de aplicaciones.
Gramajo relacionó ese deterioro con el cierre de cerca de 30 mil empresas en Argentina y con la necesidad de muchas familias de encontrar una segunda fuente de ingresos para llegar a fin de mes. También afirmó que más del 40% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad.
Ese grupo abarca a recicladores, productores familiares y trabajadores textiles que armaron sus propias actividades frente a la falta de empleo registrado. En ese sentido, cuestionó medidas del Gobierno que, a su criterio, complicaron el funcionamiento de las unidades productivas más pequeñas.
La apertura de importaciones, sostuvo, golpeó a talleres textiles y a otros emprendimientos de la economía popular. “Todo lo que ha tomado como decisión este Gobierno ha empeorado las condiciones y la realidad de todos los sectores del trabajo”, afirmó.
El referente señaló que los programas sociales no resolvieron los problemas de fondo, aunque remarcó que su eliminación afectó herramientas comunitarias. Mencionó, entre otros casos, a cooperativas y polos productivos que habían permitido trasladar talleres textiles de las viviendas a espacios de trabajo, ordenar la producción y comercializar prendas antes de enfrentar una mayor competencia externa.
Sistema productivo con derechos
Las experiencias vinculadas con la asistencia social tuvieron “errores” y un uso inadecuado de algunas herramientas, reconoció el dirigente. Sin embargo, rechazó que esos casos puedan extenderse al conjunto de los movimientos populares.
Quienes percibían programas como Potenciar Trabajo o el Salario Social Complementario recibían el dinero en cuentas bancarias personales, explicó. Por eso, sostuvo que las organizaciones no intervenían de manera directa en el pago de esos ingresos.
Según Gramajo, la Ley de Emergencia Social buscó dar respuesta a personas que “se tuvieron que autoinventar su trabajo”. Allí incluyó a quienes se dedican al reciclado, la agricultura familiar y la producción textil.
“El gran desafío de la política argentina y de todos los sectores es ver cómo integran el proceso productivo a esos trabajadores”, planteó. Su propuesta apunta a que esa población pueda incorporarse al mercado laboral con derechos.
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