República GT acusó al político Roberto Arzú, al presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras, y a otros diputados de planear un sicariato contra su presidente editor Rodrigo Arenas, una denuncia presentada ante el Ministerio Público y ante autoridades de Estados Unidos que colocó en el centro de la escena un presunto vínculo entre poder político, amenazas contra periodistas e investigaciones sobre crimen organizado, en un país que se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027.
La denuncia también incluye amenazas contra José Fernando Orellana, director editorial del medio, y contra Alejandro Palmieri, editor de política. De acuerdo con el comunicado difundido el lunes 17 de agosto, Arenas compareció ante autoridades estadounidenses para declarar e intercambiar información sobre el supuesto contrato de asesinato.
Según República GT, en esas reuniones con autoridades de Estados Unidos se validó información que señala a Arzú García-Granados como presunto autor intelectual del plan, con apoyo de Contreras Colindres. El medio sostiene además que los supuestos sicarios contratados provienen del área de Malacatán, en el departamento de San Marcos.
La acusación identifica como escenario de reuniones un local llamado La Yeguada 10, descrito como propiedad del diputado Luis Aguirre. Allí, según la publicación, habrían participado Aguirre, los diputados Nery Ramos y César Fión, junto con Contreras Colindres.
El comunicado agrega un elemento de máxima gravedad: a esos encuentros también habrían asistido capos del narcotráfico nacional. Siempre según el medio digital, el objetivo era definir acciones para silenciar investigaciones periodísticas sobre vínculos entre el crimen organizado y el poder político, y en esas reuniones “se acordó dar luz verde al plan”.
La denuncia fue presentada en Guatemala y en Estados Unidos
La acusación pública amplió una denuncia que Arenas había hecho el 13 de agosto, cuando advirtió que existía una planificación concreta contra su vida y la de su equipo editorial. En esa primera intervención no mencionó nombres, pero aseguró que la información ya había sido entregada a autoridades locales y a representantes de embajadas aliadas.
La frase con la que hizo pública esa denuncia fue directa: “Me quieren matar. Con preocupación, pero con determinación, denuncio la planificación de un atentado en contra de mi vida y la de mi equipo editorial. La intención es firme y el plan es real. Está confirmado, sabemos quiénes son”.
La respuesta de los señalados llegó en cadena. Luis Aguirre fue el primero en pronunciarse, horas antes de que el portal difundiera el comunicado con nombres propios, a través de un video en redes sociales en el que negó que el local mencionado hubiera sido sede de reuniones ilícitas.
Aguirre anunció que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público contra el medio y contra Arenas. En ese mensaje afirmó: “Hoy sí invito al MP a que vayan a revisar las cámaras, porque gracias a Dios ahí tengo cámaras. El lugar está cerrado para la gente de hace más de dos meses”.
Poco después, el diputado confirmó en un segundo video que esa denuncia ya había sido interpuesta. Ese movimiento convirtió el caso en una disputa abierta en los tribunales y en el debate público, con acusaciones cruzadas entre un medio periodístico y figuras del sistema político guatemalteco.
Arzú y Contreras negaron los señalamientos y anunciaron acciones legales
Roberto Arzú García-Granados, identificado en el comunicado de la República GT, rechazó los señalamientos en redes sociales. Calificó las acusaciones de “absoluta y rotundamente falsas” y las describió como “ridículas y estúpidas”.
El político también cuestionó la línea editorial de República GT y aseguró que sus abogados presentaron denuncias penales en Guatemala y en Estados Unidos contra el medio y contra Arenas. En su pronunciamiento dijo: “Porque voy detrás de cada uno del pacto de corruptos, por todo el daño que le han hecho a todos los guatemaltecos”.
Desde la Presidencia del Congreso de la República de Guatemala, Contreras Colindres emitió un comunicado oficial para rechazar “de forma contundente y categórica los falsos e irresponsables señalamientos”. Negó haber participado en reuniones o acuerdos al margen de la ley y pidió que las investigaciones avancen “con absoluto rigor, celeridad y objetividad”.
En ese mismo texto, el presidente del Congreso afirmó: “Dichas acusaciones sin fundamento dañan al Organismo Legislativo, la credibilidad del país; y además, vulneran mi honra, integridad y el cargo de representación nacional que ostento”. Contreras pertenece al partido Compromiso, Renovación y Orden, conocido por sus siglas CREO, y se reservó el derecho de promover acciones legales.
El Partido Político CABAL también se pronunció el 17 de agosto. En su comunicado rechazó “de manera categórica cualquier acto de intimidación, amenaza o violencia contra la vida, integridad y libertad de cualquier persona, incluidos periodistas y comunicadores”, y pidió al Ministerio Público que investigue con seriedad toda denuncia presentada.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala reaccionó ante las denuncias. En un post publicado en sus redes sociales, la misión diplomática calificó de “alarmantes” los reportes sobre políticos ligados al narcotráfico que buscarían mantener “actividades ilícitas en la sombra”.
El mensaje, dirigido en particular a los actores políticos de cara a las elecciones de 2027, subrayó: “Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Nos mantendremos firmes contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos”.
