El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mantiene terminada la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, una medida que afecta a decenas de miles de hondureños que durante años permanecieron protegidos de la deportación y con autorización para trabajar legalmente.
El proceso forma parte de una política más amplia de cancelación del TPS para ciudadanos de distintos países.
En el caso de Honduras, la administración estadounidense anunció en julio de 2025 la cancelación del TPS, estableciendo inicialmente el 8 de septiembre de ese año como fecha efectiva para terminar la protección.
La decisión fue posteriormente objeto de disputas judiciales, lo que mantuvo durante meses la incertidumbre entre los beneficiarios hondureños.
El Gobierno estadounidense había estimado en su momento que aproximadamente 72 mil hondureños estaban incluidos en la designación de TPS, aunque organizaciones y reportes posteriores manejan una cifra cercana a los 50 mil beneficiarios afectados por la terminación.
El TPS nació en 1990 como un mecanismo migratorio para proteger temporalmente a ciudadanos de determinados países que no podían regresar de manera segura debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
Además de la protección frente a la remoción, el programa permite a sus beneficiarios obtener autorización para trabajar en Estados Unidos.
Honduras recibió esta protección en enero de 1999, después de los devastadores efectos que dejó el huracán Mitch en Centroamérica a finales de 1998.
Desde entonces, miles de hondureños pudieron permanecer legalmente en Estados Unidos bajo este mecanismo durante más de dos décadas.
La designación hondureña se extendió en diferentes ocasiones. En 2023, el DHS había ampliado el TPS de Honduras por 18 meses, hasta julio de 2025, beneficiando entonces a aproximadamente 76 mil personas que cumplían con los requisitos para reinscribirse.
Sin embargo, la administración de Donald Trump determinó posteriormente que las condiciones que habían justificado la permanencia de Honduras en el programa ya no respaldaban su continuidad y anunció su terminación oficial.
El aviso publicado en el Registro Federal estableció inicialmente el 8 de septiembre de 2025 como fecha para el fin de la protección.
La cancelación del programa para Honduras fue cuestionada ante los tribunales estadounidenses. Los litigios generaron diferentes órdenes judiciales y mantuvieron abierta durante un período la posibilidad de que los beneficiarios conservaran sus protecciones mientras avanzaban los procesos.
Organizaciones que dan seguimiento al TPS señalan que la administración estadounidense ha terminado las designaciones de 13 países, entre ellos Honduras, Haití, Nicaragua, Venezuela, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y Etiopía, aunque algunas de esas terminaciones han estado sujetas a procesos judiciales distintos.
En el caso hondureño, un análisis actualizado del estado del TPS señala que la terminación anunciada por DHS quedó efectiva después de las actuaciones judiciales que siguieron a la decisión original de 2025.
Con el fin del TPS, los hondureños que no hayan obtenido otro beneficio migratorio quedan ante un escenario complejo.
Ante la posibilidad de una cancelación definitiva, el Gobierno hondureño había solicitado a Estados Unidos un período de gracia que permitiera a los beneficiarios disponer de tiempo adicional para buscar alternativas migratorias y evitar retornos inmediatos.
