En medio de la investigación de una red de explotación sexual infantil contra niñas de trece y catorce años en Villa María de Río Seco, el asesor de la Legislatura de Córdoba José Aníbal Ricardo Villarreal fue detenido como uno de los nueve involucrados. Según constataron, el detenido mantenía vínculos laborales con el legislador oficialista Ernesto Ramón Flores.
Desde el minuto cero, la causa que investiga hechos de grooming, abuso y explotación sexual de menores quedó en manos de la fiscal Analía Cepede. Fue así que, tras las primeras actuaciones, ordenó el arresto de los implicados. Actualmente, permanecen alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje, mientras continúa la etapa de instrucción de la causa.
“Pudimos determinar que había hechos denominados grooming, que es el contacto con menores con fines sexuales”, confirmó Cepede durante un diálogo con Canal 10. Asimismo, indicó que el asesor fue imputado por abuso sexual agravado y está acusado de participar en una red de trata de personas. Se sospecharía que este habría facilitado el traslado y sometimiento de las víctimas.
De acuerdo con la información de La Nueva Mañana, Villarreal figuraba como personal contratado en la nómina oficial de mayo de 2026, vinculado al legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores. Al ser consultado, el dirigente admitió que se desempeñaba en tareas junto a él.
No obstante, el legislador tomó distancia del asesor al precisar que pertenecía a la nómina del bloque Hacemos Unidos por Córdoba y no a su equipo personal. De la misma manera, detalló que la función del ahora detenido “era territorial” y que, tras conocer la detención, habría solicitado su baja.
El entramado ilícito logró destaparse después de que la familia de una menor de 14 años denunciara su desaparición a las autoridades. Según la información obtenida por CB24N, los detenidos habrían aprovechado la situación de vulnerabilidad y precariedad de las víctimas.
A partir de esto, se activó el protocolo de búsqueda que permitió localizar a la menor en la provincia de Santiago del Estero. “Estamos hablando de una menor de edad que arrancó la causa con una investigación cuasi parecida a lo que pasó con el caso Agostina”, advirtió la fiscal.
La investigación identificó que las adolescentes establecieron contacto con adultos que trabajaban como remiseros y choferes de aplicaciones irregulares. Según Cepede, los imputados desempeñaban distintos oficios, en su mayoría vinculados al traslado mediante Uber o remises no habilitados en Villa María de Río Seco, de acuerdo con El Doce.tv.
A raíz de esto, la causa se encuentra dividida en dos partes: una, bajo jurisdicción de Córdoba, investiga los delitos cometidos en esa provincia; la otra, relacionada con hechos ocurridos en Santiago del Estero, corresponde a la intervención de las autoridades judiciales locales.
Aunque la Fiscalía múltiple de Dean Funes continúa indagando los vínculos y el contexto en Córdoba, Cepede indicó que no se habrían utilizado plataformas digitales para captar a las víctimas, sino que la información sobre las adolescentes circulaba entre los imputados de manera informal.
Al mismo tiempo que la fiscal indicó que existen personas locales de Villa María de Río Seco bajo investigación, apuntó que las sospechas estarían en que la menor mantenía contacto con estos adultos en calidad de sexo servidora.
Por el momento, solo se trataría de una hipótesis, debido a que no se ha determinado si existe un caso de regenteo o rufianismo que motive la intervención de la Justicia Federal. En línea con esto, las autoridades analizan la posibilidad de que existiera una estructura formal de explotación y, en caso de que se compruebe, determinar cuál era el nivel de organización de la presunta red.
