Cuando el historiador británico Martin Walker, a principios del año 2000, instauró el concepto del “dilema turco”, la disyuntiva se planteaba en términos interiores: Atatürk versus Erdogan, laicismo o islamismo, democracia o autocracia. Veintiséis años después, el concepto subsiste, pero no para definir la realidad dual turca, sino para expresar la encrucijada que representa Turquía para Occidente. En dos décadas, y especialmente después del intento de golpe de estado de 2016 y de la posterior represión de Erdogan, el dilema interior ha desaparecido: el laicismo ha sido sustituido por el islamismo como identidad nacional, y la democracia parlamentaria se ha transformado en una autocracia presidencial.
La biografía del propio Recep Tayyip Erdoğan es una fotografía precisa de esta transformación que ha cambiado radicalmente el paradigma turco. En 1997, siendo alcalde de Estambul fue acusado de extremismo y odio religioso, y fue sentenciado a dimitir de su cargo y pasar cuatro meses en la cárcel. Su partido, el islamista Refah Partisi fue ilegalizado por el Constitucional turco. El detonante, que sumaba a una larga carrera en defensa del integrismo, fue un poema del poeta Ziya Gökalp que Erdogan leyó en un mitin, modificando la letra para convertirla en una soflama fundamentalista. Este fue el texto que alertó a las autoridades turcas: “Las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas son nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes, nuestros soldados”. En aquel momento, la defensa del laicismo era el eje central de la vida política y judicial de Turquía, en coherencia con el mítico legado de Mustafa Kemal Atatürk. Dos décadas después, ese legado es historia: el gobierno ha inyectado miles de millones en crear escuelas públicas religiosas (las Imam Hatip); han reducido las horas de ciencia y biología en primera y secundaria, sustituidas por el estudio de la moral religiosa; se ha incorporado la asignatura de historia de la Jihad; han convertido el Ministerio de Asuntos Religiosos en un gran poder económico que instruye a miles de mezquitas, convertidas en correas de transmisión; y, más allá de otras muchas decisiones de corte islamista, en 2020 Erdogan revocó el decreto de Ataturk que convertía la basílica de Santa Sofía en un museo, y la ha vuelto a transformar en mezquita.
Si en lo identitario, Turquía ha transitado hacia una severa islamización que sistemáticamente purga y discrimina la laicidad, en lo político el proceso hacia una autarquía represora ha sido tan veloz como implacable. Con la excusa del golpe de estado de 2016, Erdogan ha ido perpetrando una purga masiva que implica centenares de miles de personas destituidas de sus cargos o directamente encarceladas, desde militares, hasta periodistas, intelectuales, profesores políticos, abogados y cualquiera que se enfrente a su poder. La purga en el ejército ha significado la expulsión de miles de miembros y el cierre de centenares de academias, como lo ha sido la purga en los medios de comunicación (centenares clausurados), en las asociaciones cívicas, fundaciones y sindicatos. Solo a nivel educativo, cerca de 130.000 profesores (en todos los niveles, desde primaria hasta catedráticos) han sido destituidos. Uno a uno, todos los líderes opositores han acabado en procesos judiciales y muchos de ellos encarcelados. El caso más notorio es del alcalde de Estambul Ekrem Imamogly, el líder del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), que fue arrestado en marzo de 2025 junto a decenas de funcionarios municipales, acusado de todo tipo de cargos, desde corrupción y malversación, a terrorismo. La acusación llegó justo cuando su partido lo nombró candidato a la presidencia. Piden para él 2.430 años de cárcel. Además, vía justicia, Erdogan ha conseguido la disolución forzosa de la cúpula del partido, con lo cual ha conseguido anular a su principal opositor. Se calcula que el número de presos políticos en las cárceles turcas se acerca a los 40.000.
Hoy por hoy Erdogan gobierna con un poder absoluto que implica el dominio de los poderes del estado, desde el control integral de la justicia, (ahora es el jefe del estado quien nombra a los miembros del Consejo de Jueces y Fiscales y a los magistrados del Constitucional), hasta el dominio de las universidades (los rectores también son nominados por él, o los medios de comunicación, que también queda en manos del ejecutivo). Con el cambio constitucional de 2017 en el que se sustituyó el sistema parlamentario por un sistema presidencialista con amplios poderes, la capacidad de los diputados para influir en las políticas públicas ha quedado en nada. Y así, entre el proceso de islamización masivo, y el proceso de desdemocratización, Erdogan se asienta en un poder imperial desde hace 23 años, que puede alargarse ad eternum.
El dilema turco interior ha quedado engullido por la voracidad de este islamista radical cuyo objetivo es la desaparición del legado de Ataturk. Pero si el interior está desdibujado, el dilema turco en el exterior está más vivo que nunca: por un lado, es un país militarmente poderoso y geopolíticamente imprescindible, de manera que tanto la OTAN como la UE necesitan tenerlo de socio; por el otro, preocupa su política exterior, agresiva, ambivalente y expansiva. Interviene en Libia, donde ha sentado bases permanentes, en el Sahel, a través de las dictaduras prorrusas, en el Cáucaso, en la isla de Chipre (con una política islamizadora muy agresiva), y por supuesto en todo Oriente Medio, donde quiere sustituir a Irán y a Arabia Saudita como poder central, mientras hostiga permanentemente a Israel. Si en lo identitario, Erdogan anhela restituir a la Turquía islámica, y en lo político, emula al sultanato, en la estrategia internacional quiere recuperar el viejo imperio otomano. Algo así como la Gran Rusia de Putin, pero en versión turca. De ahí que sea un auténtico dilema para Occidente porque Turquía es una solución, pero una solución envuelta en un problema. Un problema que, de la mano de Erdogan, puede convertirse en el más importante de la región en los próximos tiempos.
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