
Los médicos L.J.U. y N.V.M. fueron acusados de la sustracción de seis equipos neonatales del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los equipos fueron hallados en la empresa privada de neonatología Neofénix, de la que ambos eran socios.
Este martes, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó ante la Oficina Judicial la acusación formal contra L.J.U. y N.V.M. La fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó como coautores del delito de peculado (N.d.R.: malversación de caudales públicos), previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal, y solicitó el sobreseimiento de los otros dos profesionales inicialmente investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los médicos del servicio de Neonatología del hospital habrían aprovechado su acceso a los equipos estatales para incorporarlos al circuito operativo de la clínica privada, generando un beneficio económico. Según la acusación, la maniobra investigada “habría afectado no solo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento”, además de vulnerar “los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.

La causa se inició en junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por el director general del hospital, Esteban Rusinek, luego de una inspección en la que se detectó la posible presencia de equipamiento del hospital en el servicio de Neonatología de Neofénix.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía dispuso numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, además de diversos informes técnicos y periciales.
En el procedimiento, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la existencia de seis equipos médicos con números de serie coincidentes con los del hospital denunciante. Esos equipos se encontraban en funcionamiento en el área de terapia intensiva pediátrica y Neonatología de la clínica, y fueron secuestrados y posteriormente restituidos por orden judicial al hospital público.
Según la información publicada en Gente de Salta, los equipos en cuestión incluían dos humidificadores y un oxímetro pertenecientes al hospital, junto a otros tres oxímetros entregados bajo comodato al hospital.

Cuando el caso salió a la luz, N.V.M., gerente de Neofénix, sostuvo que los equipos pertenecían a la empresa y que habían sido adquiridos de buena fe, rechazando irregularidades y denunciando una supuesta “campaña de desprestigio”.
La acusación formal implica que la fiscalía considera que existen pruebas suficientes para solicitar la elevación a juicio. No obstante, la imputación no supone una condena, ya que la responsabilidad penal será determinada por la Justicia.
En tanto, el pedido de sobreseimiento alcanzó a J.C. y J.N.U., también investigados por su vínculo societario con Neofénix, quienes quedaron desvinculados de la causa porque la UDEC concluyó que no participaron del hecho investigado. Ambos profesionales argumentaron que no tenían acceso ni relación funcional con los equipos bajo investigación.
De esta manera, la investigación quedó enfocada únicamente en Ubal y Murúa, quienes continúan imputados por la supuesta sustracción de equipamiento estatal para beneficio privado. La causa avanzará ahora hacia la instancia de control judicial para determinar si corresponde la elevación a juicio oral.

