Una serie de investigaciones periodísticas recientes ha puesto en la mira un fenómeno inquietante: el uso de remesas como vía para el lavado de dinero en México. Expertos y periodistas han expuesto cómo recursos ilícitos logran ingresar al país, ocultos bajo la apariencia de apoyos familiares, y cómo las instituciones financieras estatales juegan un papel central en estas operaciones.
El análisis fue presentado durante una entrevista con la cadena NTN24, donde participaron Vania Pérez, directora para México y Centroamérica del Centro Latinoamericano de Derecho y Estudios Sociales (CLADES); Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y Ernesto Santillán, coordinador de la unidad de investigación de Meganoticias. El debate giró en torno al hallazgo de operaciones opacas que involucran el envío masivo de remesas desde países sin presencia significativa de migrantes mexicanos y la utilización de instituciones como Banco del Bienestar y Financiera para el Bienestar (Finabien).
Según explicó Vania Pérez, la investigación permitió identificar una red en la que “los cárteles de la droga estarían financiando no solo algunas campañas de Morena, sino también utilizando remesas como fachada para ingresar dinero al Banco del Bienestar y después regresarlo al crimen organizado sin complicaciones”. Pérez subrayó que esta “gran licuadora” de recursos debería ser motivo de escándalo y añadió: “Debemos preguntarnos a dónde llegó todo ese dinero que entró al Banco del Bienestar”.
Por su parte, Eduardo Buendía relató que su equipo accedió a una auditoría interna de Finabien, donde se documenta que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena contrató a la entidad estatal en junio de 2022 para efectuar 252.901 pagos, contratos que se mantuvieron vigentes hasta el 28 de junio de 2024, veintiséis días después de la elección presidencial. “La auditoría menciona de manera muy específica que este contrato no pasó por los controles ni los protocolos correspondientes a la línea antilavado de dinero”, afirmó Buendía en la entrevista. Este hecho genera preocupaciones sobre el origen de los fondos y su posible uso durante uno de los procesos electorales más relevantes del país.
En la misma línea, Ernesto Santillán aportó cifras para dimensionar la magnitud del fenómeno: “Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por concepto de remesas no identificadas —es decir, recursos cuyo origen y destinatario el gobierno no conoce— ingresaron a México aproximadamente 4.168 millones de dólares. Esa cifra representa el tercer monto más alto de remesas al país después de Estados Unidos y Canadá, pese a que no se sabe su procedencia”. Santillán remarcó que existen transferencias provenientes de países donde no hay mexicanos registrados, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de tales operaciones: “¿Cómo es posible que entren millones de dólares en remesas desde lugares donde no hay mexicanos?”.
El debate abordó también las respuestas institucionales y las acciones —o la falta de ellas— por parte de las autoridades mexicanas. Pérez recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha emitido sanciones sin detallar los motivos, principalmente ligadas a la ausencia de controles para la prevención de lavado de dinero en el Banco del Bienestar. Además, destacó la presión de los consulados para canalizar remesas a través de esta institución y luego mediante Finabien. “Algunas fuentes me han dicho que hay una presión muy importante de los consulados para que los mexicanos manden las remesas a través del Banco del Bienestar y después Finabien”, puntualizó.
El impacto internacional no se limita a México. Estados Unidos ha emitido alertas sobre el riesgo que representan las remesas para el lavado de dinero, sobre todo en relación con el narcotráfico. Pérez advirtió que, si las instituciones mexicanas estatales llegaran a ser señaladas como colaboradoras de organizaciones criminales, las consecuencias incluirían la expulsión del sistema financiero internacional y sanciones que afectarían incluso los programas sociales.
Buendía añadió que, según investigaciones periodísticas y testimonios recabados, existen casos en los que “un gobernador en funciones fue acusado en Estados Unidos de haber recibido dinero criminal para inyectarlo en elecciones”. Además, la auditoría interna de Finabien apunta a una transferencia de aproximadamente 600 millones de pesos, cantidad que no fue reportada al Instituto Nacional Electoral (INE).
El uso de organismos públicos para la distribución de fondos bajo la figura de apoyos sociales ha generado inquietudes sobre la legalidad y transparencia de estos procesos. “Un partido político en México no tiene la facultad ni la atribución de distribuir apoyos sociales, mucho menos hablar de cientos de miles de operaciones de órdenes de pago alrededor del país”, señaló Buendía. El periodista agregó: “Estamos ante algo que por lo visto se institucionalizó a través de Financiera para el Bienestar, sin claridad del objetivo”.
La falta de desmentidos oficiales por parte de las autoridades y del propio partido gobernante alimenta la preocupación. Tanto Buendía como Santillán coincidieron en que, ante publicaciones previas, la reacción institucional fue de minimizar los hallazgos sin ofrecer argumentos sólidos ni documentación que acredite el control y trazabilidad de los recursos. “No hay ningún tipo de control y a la fecha sigue sin haberlo”, aseguró Santillán.
El tema permanece abierto. Pérez concluyó la discusión planteando una pregunta: “¿Podríamos tener dinero proveniente de los cárteles de la droga, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, que utiliza remesas fantasma provenientes de lugares sin mexicanos registrados, ingresando a Banco del Bienestar antes de 2023 o a Finabien a partir de esa fecha, para financiar al partido en el poder y las elecciones de 2024?”.
La mesa de expertos dejó en claro que, mientras persista la opacidad y la ausencia de controles efectivos, el sistema de remesas en México seguirá bajo sospecha como posible vía para el lavado de dinero y el financiamiento político irregular.
