La reciente disputa entre los poderes del Estado boliviano marca un nuevo hito en la crisis institucional que atraviesa el país. La semana pasada, los órganos Judicial y Ejecutivo protagonizaron un cruce de acusaciones por la presión del primero sobre el segundo: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia amenazó con realizar un paro de jueces y vocales si no le aumentan el presupuesto en un plazo de 20 días.
La advertencia también recayó sobre la Asamblea Legislativa, a la que conminó a aprobar al menos cuatro proyectos de ley con los que buscan reformar la administración judicial.
Flanqueado por magistrados de otros tribunales, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó en una conferencia de prensa que inicialmente enviarían una nota a los otros poderes para “hablar de igual a igual” sobre los problemas que enfrenta la institución que preside y luego amenazó con una huelga.
“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, afirmó Saucedo.
El aumento del presupuesto y las reformas judiciales son el núcleo de las demandas del Órgano Judicial. Sin embargo, ambos temas trascienden la coyuntura y exponen las deficiencias estructurales que afectan al sistema de justicia boliviano desde hace años.
Presupuesto y autonomía
Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento de la Justicia, un porcentaje menor al promedio regional que, según datos del Banco Mundial, es del 3,8% del gasto público.
En una entrevista televisiva, Saucedo explicó que necesitan cerca de mil millones de dólares anuales para poner en marcha un plan que, según él, permitiría acelerar los procesos judiciales y evitar la corrupción: crear más juzgados y digitalizar la emisión de algunos trámites.
Los jueces también exigen autonomía en la gestión de recursos que permita la administración directa del gasto e inversión, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía.
Finalmente, piden implementar un seguro de vida y medidas de protección para las autoridades judiciales, debido a los riesgos a los que están expuestos por sus decisiones judiciales, luego de que en abril fuera asesinado a tiros el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, tras haber fallado en un caso relacionado con conflictos de tierras.
Nuevas leyes y reformas normativas
Más allá del presupuesto, en esta gestión los magistrados judiciales han presentado seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa que hasta ahora no han sido tratados.
Las normas tienen que ver con el aumento del financiamiento y la autonomía en el manejo de recursos, la modernización tecnológica del poder judicial, el manejo de los depósitos judiciales, la administración de los juicios de responsabilidad contra altas autoridades, temas relacionados con los remates de bienes ordenados por una autoridad jurisdiccional y cambios en el régimen disciplinario.
El último punto busca acelerar el procedimiento para sancionar a las autoridades judiciales que incurran en faltas graves o sobre quienes recaigan indicios de corrupción.
En este punto, también determinaron crear una Comisión Nacional del Órgano Judicial encargada del relacionamiento institucional con el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La respuesta del Ejecutivo y Legislativo a las demandas
La administración de Rodrigo Paz rechazó la posición del Órgano Judicial y calificó la amenaza de paro como “un hecho inaudito”. El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que la mención de la medida de presión es “reprochable” y que la crisis del sistema judicial “no se soluciona con un paro”.
En tanto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó que el Presupuesto General del Estado para el próximo año incrementa el financiamiento de los otros poderes del Estado, pero que aumentar hasta el monto que requiere la Justicia implicaría recortar recursos de sectores prioritarios como salud y educación. “Si subo al 5% del presupuesto a la Justicia, ¿a quién le quito?”, cuestionó y dijo que los recursos del país “son escasos”.
A pesar de estos desacuerdos, dos jueces de las altas cortes y ministros de Gobierno se reunieron el miércoles en La Paz. Al concluir el encuentro, informaron que estaban trabajando en la agenda de demandas, pero no dieron más detalles sobre los avances. “Estamos encaminados a resolver esto; se derivarán todas estas peticiones a los ministerios que correspondan”, manifestó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa convocó a magistrados de las cuatro cortes de Justicia —Judicial, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— a una reunión este jueves para abordar los proyectos de ley, pero no asistió ninguno. “Eso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara sobre las autoridades judiciales.
Debate en relación a las acefalías en las altas cortes
En medio de esta disputa surgió otro punto de conflicto en relación con dos propuestas legislativas para cubrir las acefalías en las altas cortes de Bolivia. Luego de que las elecciones judiciales de diciembre de 2024 se celebraran de manera parcial, quedaron cinco vacancias en el Tribunal Constitucional y dos en el Supremo.
Si bien la Constitución Política boliviana establece que estos cargos se renuevan mediante elecciones de voto popular cada seis años, en las últimas semanas se presentaron proyectos para facultar, de manera excepcional y transitoria, al presidente Rodrigo Paz o a la Asamblea Legislativa para que designen a los jueces faltantes para un cargo interino hasta que se concrete la designación definitiva por elecciones.
Las iniciativas han generado un intenso debate institucional. La propuesta que otorga la facultad de designación al presidente fue cuestionada por representantes del oficialismo, la oposición y autoridades judiciales, que advirtieron que podría vulnerar el procedimiento constitucional para la elección de magistrados. En tanto, desde el Gobierno, negaron haber impulsado el proyecto.
En cambio, quienes respaldan la designación interina —ya sea por el Ejecutivo o por la Asamblea— sostienen que se trata de una medida excepcional para evitar la paralización de las altas cortes y garantizar la continuidad de la administración de justicia mientras se supera el prolongado bloqueo institucional.
Una demanda de larga data
La falta de confianza ciudadana, las reiteradas denuncias de retardación y corrupción y la percepción de una fuerte influencia política han convertido a la justicia boliviana en una de las instituciones más cuestionadas del país.
El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que examina la corrupción y la eficacia de los sistemas judiciales, ubicó al país en el puesto 131 de los 143 países evaluados en todo el mundo en 2025, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana.
Frente a este escenario, una reforma integral del sistema judicial sigue siendo una de las tareas pendientes de la agenda institucional boliviana. En los últimos años surgieron iniciativas para iniciar un proceso de reforma estructural —cumbres, comisiones, recolección de firmas para un referendo, etc.—, pero todas fracasaron por falta de consensos políticos.
