El 3 de agosto el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comparecerá ante la justicia de su país en la audiencia de declaración de imputado fijada por un juez natural de la Corte Suprema de Justicia, luego de que aceptara la solicitud de entrega voluntaria presentada por su defensa.
La información fue confirmada a Infobae por el abogado Mario Cárdenas, quien precisó que el exmandatario acudirá a la cita judicial en cumplimiento de la resolución emitida por el máximo tribunal.
“La audiencia de declaración de imputado ha sido programada para el próximo 3 de agosto. El juez natural declaró con lugar la entrega voluntaria y mi representado comparecerá conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia”, señaló Cárdenas a Infobae.
Cómo sigue el trámite judicial
Su defensa había pedido revocar la orden de captura y autorizar su comparecencia voluntaria, con el argumento de que el exmandatario nunca tuvo intención de evadir la acción de la justicia y está dispuesto a someterse al proceso.
“El juez ha declarado con lugar la solicitud de entrega voluntaria. Ahora procederemos conforme a lo establecido en la resolución judicial”, afirmó Cárdenas.
La resolución implica que será el propio juez natural quien fijará la hora y las condiciones en las que Hernández deberá presentarse ante los tribunales para quedar formalmente a disposición de la justicia hondureña.
Durante esa diligencia judicial, el expresidente quedará formalmente sometido al proceso penal y después deberán desarrollarse las etapas previstas en el Código Procesal Penal hondureño, incluidas las audiencias en las que se determinará si existen elementos suficientes para que el caso avance hacia un juicio.
La defensa ha reiterado que Hernández colaborará con las autoridades y comparecerá conforme a lo ordenado por el tribunal.
La causa en Honduras
El caso que enfrenta el expresidente en Honduras es independiente del proceso por narcotráfico que afrontó en Estados Unidos.
En Honduras, el Ministerio Público lo acusa dentro del denominado caso Pandora, un expediente de corrupción que investiga el presunto desvío de recursos públicos provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, fondos que, según la acusación, habrían sido canalizados ilegalmente hacia actividades políticas y otros fines distintos a los establecidos por la ley.
Dentro de ese proceso, Hernández enfrenta imputaciones por fraude y lavado de activos, cargos por los cuales un juez natural emitió previamente una orden de captura. La defensa sostiene que la comparecencia voluntaria elimina cualquier riesgo de fuga y que, por tanto, la medida cautelar ya no resultaba necesaria.
La investigación Pandora fue impulsada originalmente por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción y por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y apunta a una presunta estructura que habría desviado millones de lempiras de instituciones estatales para financiar actividades político-partidarias y beneficiar a particulares.
El antecedente en Estados Unidos
El proceso judicial en Honduras cobró fuerza después de que Hernández recuperara su libertad en Estados Unidos como consecuencia del indulto presidencial otorgado por Donald Trump y de la posterior anulación de su condena por parte de una corte de apelaciones estadounidense.
Esa decisión eliminó los efectos de la sentencia federal, pero no incidió en las investigaciones abiertas en Honduras, que continúan bajo jurisdicción de los tribunales nacionales.
