El gobierno de Yamandú Orsi presentó este miércoles un proyecto de ley que se propone reducir el costo de las empresas y el “costo de vida” –como indica el nombre de la propuesta–. Incluye cuatro capítulos: la agilización de los trámites, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y reducción del costo de vida; y la innovación y aceleración de la inversión.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, insiste con esta propuesta desde el inicio de la gestión. Su apuesta es a lograr, con microreformas, una mejora de la competitividad del país que derive en una reducción de los costos para la población.
“Se trata de una reforma de Estado. Una modesta pero importante reforma del Estado”, simplificó el ministro Oddone en una conferencia de prensa brindada este miércoles. Una reforma que, según sus palabras, no se consideró desde 1995.
Esto incluye una menor burocracia a través de registro unificados, silencios positivos, plataformas de información positiva, la creación de un autodespacho aduanero, el desempapelamiento, la reducción de costos y trámites en los registros sanitarios.
En palabras de Oddone, significa: “Menos rigideces, menos costos. Y esto es un objetivo central. La competitividad es un objetivo trasversal”.
También se busca eliminar barreras a la competencia, con la existencia de importadores múltiples de un mismo producto o la obligatoriedad de la publicación de precios según la unidad de medida. “De manera tal que sea transparente para la persona y pueda poder elegir en libertad cuál es el costo unitario más barato que le conviene realizar”, justificó el ministro.
“El objetivo final es hacer de Uruguay un país más competitivo y menos costoso”, argumentó Oddone.
El proyecto de ley ingresará la semana que viene al Parlamento. En su redacción hubo aportes de la academia, empresarios y sindicatos.
¿Cómo se reducirá el costo de vida
El gobierno argumenta que, de aprobarse este proyecto de ley, habrá un “menor costo de vida” basado en algunas propuestas que incluye. Por ejemplo, señala que habrá “menos barreras a la competencia” y mayor información al consumidor. Además, se le dará una mayor autonomía a la Comisión de Defensa de la Competencia, a través del “fortalecimiento del control de concentraciones”, el “fortalecimiento de la facultad investigativa” y el “mayor poder para requerir información”.
Además, se argumenta que habrá un mayor “apoyo a las mipymes”. Según el oficialismo, esto se lograría con la “eliminación de las rigideces del esquema tributario vigente” y con una plataforma unificada entre organismos estatales (como el instituto de los aportes previsionales y el fisco). Habrá también un “sistema integrado de información”, que será gratuito para esta categoría de empresas e integrará la facturación, la cobranza y las herramientas de gestión.
Un cuarto elemento es la “reducción de los costos de los registros de productos”.
Otro capítulo destacado por el Ministerio de Economía es el de la “inversión e innovación”.
Dentro de las medidas, se facilitará la existencia de las fintech aunque con “entornos controlados” y el “desarrollo de finanzas abiertas”.
Dentro de este mismo capítulo también habrá una “facilitación del acceso al financiamiento colectivo”, a través de fondos de inversión cerrados o plataformas colectivas de crowfunding.
Otro elemento destacado dentro de la “inversión e innovación” es el estímulo a parques industriales, con beneficios a usuarios en el monto y en los plazos para el pago de algunos tributos.
Otro elemento que se suma es la “simplificación agropecuaria”. Esto se basa en la simplificación de trámites relacionados a la actividad y a la reducción de costos y tiempos. Deriva en una “mejora” de la competitividad del sector.
En último punto es la “protección en salud”. El texto marca: “La buena regulación no es la que genera más pasos; es la que logra resultados”
