El malestar social en Nicaragua escaló en las últimas semanas por el marcado aumento en los cobros de energía. Familias de distintas zonas informaron que sus facturas, que solían rondar los 600 córdobas (16.31 USD), llegaron hasta 2,600 (70.76 USD), sin cambios en el consumo, según reportó el periódico 100% Noticias.
En redes sociales circularon recibos con saltos similares y reclamos por falta de explicaciones de las distribuidoras, detalla la nota.
Los testimonios coinciden en el impacto inmediato en la economía doméstica: parte del dinero que antes se destinaba a alimentos o medicamentos se reasigna al pago de la luz, según usuarios que publicaron sus casos en TikTok y Facebook.
El aumento se da en un contexto de inflación y precios altos en la canasta básica, de acuerdo con denuncias de organizaciones opositoras.
Las denuncias por aumentos sin explicación
De acuerdo a la publicación, en TikTok y Facebook, decenas de usuarios mostraron recibos y describieron un salto abrupto de las tarifas. En muchos casos, las facturas pasaron de entre 300 y 700 córdobas (8.15 a 19.03 USD) a montos superiores a 1,500, 2,000 e incluso 3,000 córdobas mensuales (40.77, 54.36 y 81.54 USD), según publicaciones revisadas por usuarios y compartidas en esos canales.
Una usuaria contó que su pago habitual, que oscilaba entre 500 y 700 córdobas, se elevó hasta 1.500 en meses recientes, sin haber incorporado nuevos aparatos ni haber modificado hábitos de consumo.
Otra persona escribió: “Pensé que era la única”; afirmó que su recibo pasó de 600 u 800 a “1.800 hasta 2.600”, en un patrón que se repite en distintas regiones, según los mismos reportes.
Quienes intentaron reclamar ante las empresas distribuidoras describieron respuestas ambiguas. De acuerdo con esos relatos, los funcionarios sostuvieron que el monto corresponde al consumo registrado, sin detallar por qué se produjo el alza repentina.
Control estatal y concentración del mercado energético
Las distribuidoras Disnorte y Dissur, responsables de la entrega de energía en Nicaragua, operan bajo control estatal y fueron señaladas por su vínculo con el modelo energético impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El economista Enrique Sáenz afirmó que el sistema eléctrico funciona como un monopolio privado gestionado desde el poder político. “La misma mano”, dijo, es dueña de Alba Generación, una de las principales generadoras, y también de las dos grandes distribuidoras.
Sáenz también cuestionó que los consumidores no perciban mejoras pese a inversiones con financiamiento externo. Señaló que, según datos que difundió en 2023, el precio de la electricidad en Nicaragua rondaba los USD 0.24 por kilovatio hora, entre los más altos de Centroamérica.
En ese marco, comparó con Costa Rica y Honduras, donde los costos son menores, y atribuyó parte del descontento a esa brecha y a la falta de competencia.
Reclamos sociales y efectos en la vida cotidiana
El Movimiento Azul y Blanco Chinandega denunció que los aumentos obligan a familias a recortar gastos esenciales para mantener el suministro. “Recibos de luz impagables”, advirtió la organización en un pronunciamiento, al sostener que lo que antes alcanzaba para comida y medicinas ahora se destina a la electricidad.
En redes sociales, ciudadanos dijeron sentirse sin herramientas para exigir revisiones y describieron una relación de desconfianza con las autoridades y las compañías, por considerar que los mecanismos de reclamo no ofrecen respuestas verificables.
Los afectados sostienen que el encarecimiento no coincide con un mayor consumo en sus hogares y que la ausencia de explicaciones oficiales alimenta la tensión social y agrava el presupuesto familiar, según los testimonios difundidos en plataformas digitales y las denuncias de grupos opositores.
