Los legisladores filipinos votaron el lunes por amplio margen a favor de enviar al Senado los artículos de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte, lo que pone en duda su anunciada candidatura presidencial para 2028.
Los artículos de acusación imputan a la hija del ex presidente Rodrigo Duterte los cargos de corrupción, soborno y una supuesta amenaza de asesinato contra su antiguo aliado, el presidente Ferdinand Marcos.
Su padre, presidente entre 2016 y 2022, enfrenta acusaciones de parte de la CPI por crímenes contra la humanidad durante la “guerra contra la droga” emprendida en su mandato que dejó miles de muertos.
La Cámara de Representantes, dominada por los aliados del presidente, votó 255 a 26 con nueve abstenciones. Las dos denuncias de juicio político contra Duterte ahora pasan al Senado, que se constituirá en tribunal para su juicio.
“Esto ya no se trata solo de política. Se trata de conciencia, deber y del futuro de nuestra nación”, dijo el representante Bienvenido Abante inmediatamente después de la votación.
“Esto no tiene que ver con 2028, no tiene que ver con alianzas políticas, tiene que ver con si seguimos creyendo que nadie está por encima de la ley”.
Según la Constitución filipina, un juicio político da lugar a un proceso en el Senado. Un veredicto de culpabilidad implicaría la destitución de Duterte y su inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
Se acusa a Sara Duterte de malversación y corrupción durante su gestión, así como de haber proferido una amenaza de muerte contra su antiguo aliado y actual presidente Ferdinand Marcos.
Se la acusa de supuesto uso indebido de al menos 612 millones de pesos filipinos (más de 10,53 millones de dólares) en fondos confidenciales.
En un comunicado emitido tras la votación del lunes, el abogado defensor de Duterte afirmó que la carga de la prueba recae ahora sobre sus acusadores.
“Estamos plenamente preparados para defender al Vicepresidente ante el Senado, que actuará como tribunal de destitución”, decía el comunicado.
El año pasado, la Cámara de Representantes también la sometió a juicio político, pero sobrevivió al intento y no fue juzgada por orden del Tribunal Supremo debido a un tecnicismo constitucional.
Duterte y Marcos han estado involucrados en una pelea política de alto riesgo que estalló pocas semanas después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2022, cuando a la vicepresidenta se le negaron sus carteras de gabinete favoritas y en su lugar se la nombró secretaria de Educación.
Buena parte de la rivalidad –vinculados a familias otrora aliadas– bebe de la entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) de Rodrigo Duterte, padre de la vicepresidenta y acusado en la corte de La Haya de crímenes contra la humanidad durante su etapa como presidente, un cargo que asumió dejando en la Alcaldía de Davao a su hija mayor y hasta entonces vicealcaldesa de la ciudad.
(con información de AFP, EP y AP)
