El Ministerio de Cultura y Deportes presentó avances en la formulación de la Política Pública de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, una iniciativa clave para consolidar la diversidad cultural y la participación indígena en el sistema estatal guatemalteco.
La propuesta, expuesta ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Preconadur), define una hoja de ruta que busca incorporar la cosmovisión y los derechos de los pueblos originarios en la institucionalidad estatal para revertir la exclusión histórica y promover la convivencia intercultural, según informó el medio MCD.
La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rossina Cazali, junto al viceministro de Interculturalidad, Santos Alvarado, describieron los mecanismos destinados a garantizar la legitimidad y representatividad de la nueva política.
Santos Alvarado precisó que la etapa inicial contempla la organización de ocho talleres regionales a nivel nacional para recoger insumos de las comunidades y divulgar los contenidos de la política. También se conformará un equipo multidisciplinario con profesionales indígenas, responsable de sistematizar los aportes y perfeccionar el documento, con financiamiento específico destinado a facilitar el proceso de consulta y diálogo en los territorios.
“A través de esta política, lo que vamos a dejar es que haya inclusión y participación de los pueblos indígenas dentro del sistema del Estado,” afirmó Alvarado durante la presentación citada por MCD. El funcionario subrayó el compromiso institucional de transformar la relación del Estado con los pueblos indígenas y de crear instrumentos más representativos e inclusivos.
La Política Nacional de Pueblos Indígenas e Interculturalidad articula sus ejes en el respeto a la cosmovisión de los pueblos maya, garífuna y xinca, el acceso igualitario a derechos y el fortalecimiento de la participación política, social y económica.
Según la exposición de MCD, su hoja de ruta se soporta en bases jurídicas como el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), la Constitución Política de la República (artículos 66 al 70) y el Convenio 169 de la OIT, instrumentos que respaldan el derecho a la identidad cultural y la protección de las tierras comunales y cooperativas agrícolas históricas de las comunidades.
La política incorpora demandas históricas de los pueblos indígenas
Entre 2023 y 2024, los pueblos indígenas guatemaltecos intensificaron su participación en la agenda pública y la defensa del voto popular, de acuerdo con datos del propio ministerio. Entre sus principales demandas figuran el reconocimiento de autoridades ancestrales, la exigencia de mecanismos de consulta previa para proyectos que impacten sus territorios, el acceso efectivo a la justicia y la lucha contra la pobreza. Persisten barreras estructurales como el racismo, la falta de representación en el Congreso y los conflictos por la gestión de recursos naturales.
El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala reporta avances sólidos en la elaboración de la Política Pública de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, orientada a garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones estatales, asegurando la integración de sus voces, demandas y cosmovisión en la política pública nacional. El plan prevé la realización de ocho talleres regionales y la constitución de un equipo multidisciplinario de profesionales indígenas para recoger aportes y perfeccionar la propuesta.
Fundamentos legales refuerzan el mandato de inclusión y reconocimiento
La Constitución Política de la República de Guatemala protege, en su artículo 58, el derecho de las personas y comunidades a su identidad cultural, lengua y costumbres.
Los artículos 66, 67 y 68 extienden ese reconocimiento a derechos sociales, comunitarios, lingüísticos y a la protección y restitución de tierras comunales. La política, presentada al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, se fundamenta en dichos preceptos y en acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Estos mandatos integran los derechos mencionados en el conjunto de garantías civiles, sociales, culturales y económicas para toda la ciudadanía, conforme a la Constitución y los convenios civiles. Su aplicación responde a la pluralidad de comunidades y pueblos presentes en el país, un factor clave para la cohesión social.
La diversidad étnica, lingüística y cultural sustenta la demanda histórica de los pueblos originarios ante el Estado de Guatemala por el pleno reconocimiento y fomento de su ciudadanía intercultural, así como del derecho a preservar y fortalecer sus valores, conocimientos, instituciones, autoridades, costumbres y sistemas jurídicos ancestrales.
