El caso que involucra a una casa hogar en Ticamaya, Choloma, Cortés, sigue su curso judicial tras la decisión de que los cuatro imputados enfrenten el proceso en libertad, luego de la audiencia inicial celebrada en los tribunales competentes.
La resolución de las autoridades ocurre en medio de un expediente que ha generado fuerte atención pública por la naturaleza de las acusaciones, relacionadas con menores de edad bajo protección de un centro de atención social. El caso llegó al conocimiento de las instituciones mediante denuncias sobre presuntos maltratos y conductas indebidas en la casa hogar, lo que motivó la intervención del Ministerio Público y la apertura de una investigación formal.
Los procesados en este expediente son el ciudadano suizo Christof Oliver Wittwer, exdirector de la institución; su esposa, Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora y el profesor Jimmy Emanuel Romero. De acuerdo con la Fiscalía, se les atribuyen distintos niveles de participación y responsabilidad en los hechos investigados.
Según las autoridades, los imputados son señalados por los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución. Estas figuras penales están bajo análisis en el marco de la investigación, con el fin de determinar la responsabilidad individual de cada uno.
El expediente cobró notoriedad cuando surgieron denuncias sobre presuntos abusos dentro de la casa hogar, lo que desencadenó la activación de protocolos de investigación oficiales. Desde entonces, se han recabado testimonios, realizado inspecciones y reunido otras pruebas que integran el proceso judicial.
En la audiencia inicial, el juez analizó los elementos brindados por el Ministerio Público y dictó auto de formal procesamiento, al constatar la existencia de indicios suficientes para continuar el proceso penal. Aun así, dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva, permitiendo que los acusados sigan el proceso en libertad.
La resolución impone condiciones estrictas a los imputados mientras avanza el caso: deben presentarse semanalmente a firmar el control judicial, tienen prohibido salir del país y no pueden acercarse ni ingresar a la casa hogar donde presuntamente se cometieron los hechos.
Los acusados recuperaron su libertad en la noche del sábado, tras concluir las diligencias judiciales. No obstante, permanecen vinculados al proceso penal y bajo supervisión judicial durante la etapa preparatoria del juicio.
El Ministerio Público mantiene la investigación abierta, con el objetivo de fortalecer la carga probatoria. Las autoridades destacan que el caso se encuentra en una fase clave, en la que se recolectan elementos técnicos, periciales y testimoniales, que serán fundamentales para la siguiente etapa judicial.
La situación ha reactivado el debate sobre la supervisión de centros de atención a menores en el país, especialmente en cuanto a los mecanismos de control, auditoría y seguimiento a instituciones que tienen la responsabilidad de proteger a menores en situación vulnerable.
Organismos de protección a la infancia han insistido en la necesidad de reforzar los sistemas de vigilancia y denuncia, para prevenir que episodios similares se repitan en otros centros de cuidado. El proceso judicial sigue su curso y en las próximas semanas se prevé la realización de nuevas diligencias en el expediente.
