Ecuador y Estados Unidos suscribieron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad que busca fortalecer las investigaciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, en un contexto marcado por el incremento de la violencia y la expansión de economías ilícitas en el país andino. El memorando de entendimiento fue firmado el 20 de abril de 2026 entre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y el Ministerio del Interior de Ecuador, con el objetivo de ampliar el intercambio de información, la asistencia técnica y los procesos de capacitación dirigidos a la Policía Nacional.
El acuerdo contempla un esquema de cooperación operativa que prioriza delitos considerados de alto impacto en la región, como el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos vinculados a la explotación sexual infantil. Según informaron las autoridades, el eje central del memorando es el fortalecimiento de las capacidades investigativas mediante el acceso oportuno a inteligencia compartida y el desarrollo de herramientas técnicas que permitan desarticular estructuras criminales con alcance internacional.
La firma se realizó en la residencia de la misión diplomática de Estados Unidos en Quito y contó con la participación de autoridades de ambos países, entre estas los representantes de la embajada estadounidense, mandos policiales ecuatorianos y funcionarios responsables de las unidades de investigación involucradas. El encargado de Negocios de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence J. Petroni, sostuvo que el acuerdo apunta a “desarticular estructuras criminales y llevarlas ante la justicia”, mientras que el agregado de HSI, Héctor Quintana, señaló que el compromiso refleja las prioridades estratégicas compartidas por ambos gobiernos en materia de seguridad.
Desde el Gobierno ecuatoriano, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la cooperación se sustenta en un enfoque de corresponsabilidad y articulación institucional, orientado a generar resultados concretos frente a las amenazas del crimen organizado. En esa línea, destacó que el intercambio seguro y oportuno de información constituye un componente clave para mejorar la eficacia de las investigaciones y la coordinación entre agencias. En un mensaje público, Reimberg subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos se basa en la confianza mutua y en intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo.
El memorando se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional impulsada por Ecuador, que incluye su participación en iniciativas regionales como el “Escudo de las Américas”, para enfrentar redes criminales que operan a escala transnacional. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que este tipo de acuerdos refuerzan el compromiso del país con mecanismos multilaterales y bilaterales para combatir amenazas comunes, según recogió Ecuavisa.
El fortalecimiento de esta cooperación ocurre en un momento en que Ecuador enfrenta una crisis de seguridad caracterizada por el aumento de homicidios, la presencia de organizaciones criminales locales con conexiones internacionales y la consolidación de rutas de narcotráfico que utilizan el territorio ecuatoriano como punto estratégico de salida hacia mercados internacionales. En este contexto, la articulación con agencias estadounidenses busca no solo mejorar la capacidad operativa interna, sino también integrar al país en redes de inteligencia que permitan anticipar y neutralizar amenazas.
El acuerdo no implica la instalación de bases extranjeras ni la cesión de competencias soberanas, sino que se centra en mecanismos de cooperación técnica, intercambio de información y formación especializada. Las autoridades han señalado que su implementación se realizará bajo los marcos legales vigentes en Ecuador, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y las normativas nacionales.
La suscripción de este memorando consolida una línea de política exterior orientada al fortalecimiento de alianzas estratégicas en materia de seguridad, en un escenario regional donde el crimen organizado ha diversificado sus operaciones y ha incrementado su capacidad de penetración institucional.
