Un megaoperativo internacional coordinado desde la ciudad de Buenos Aires derivó en la detención de 84 personas y el secuestro de una importante cantidad de material digital en causas vinculadas con la explotación sexual de menores. La operación, denominada Aliados por la Infancia VI, abarcó 18 provincias argentinas y se extendió a otros quince países. Entre los hechos más relevantes figura la desvinculación de una funcionaria pública de Santa Cruz, cuyo domicilio fue allanado en el marco de la pesquisa. Los procedimientos incluyeron la incautación de armas de fuego y dispositivos electrónicos.
La acción estuvo dirigida por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ) y se realizó de forma simultánea en distintas jurisdicciones locales y extranjeras. De acuerdo con la información oficial, las tareas de campo se desplegaron en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán, además de países como Brasil, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia. El operativo fue articulado con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación de la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy.
Las detenciones se produjeron por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. En Argentina, 26 personas quedaron detenidas, entre ellas 14 en la ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, tres en Misiones, tres en Santa Cruz, dos en la provincia de Buenos Aires y una en Formosa. En el exterior, el mayor número de arrestos ocurrió en Brasil (44), seguido por Panamá (7), Uruguay (3), Perú (3) y Puerto Rico (1). De acuerdo con la información difundida, en el país se realizaron 68 allanamientos y otros 202 en el extranjero, lo que representa la magnitud y articulación internacional del operativo.
Durante los procedimientos, las fuerzas intervinientes incautaron armas de fuego, dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.
Una de las novedades de la investigación fue la intervención en la Unidad Número 1 de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, donde se allanó la celda de un interno condenado hace cuatros años por abuso sexual infantil que también distribuía material prohibido desde el penal. Agentes secuestraron ocho teléfonos celulares de los reclusos alojados en el mismo sector.
La investigación también implicó la desvinculación de una funcionaria que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos. Su domicilio fue allanado y el Gobierno de Santa Cruz resolvió su apartamiento inmediato. Según informaron las autoridades provinciales, la medida buscó “priorizar el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos”.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó domicilios en distintas jurisdicciones a partir del análisis de reportes internacionales y tareas de inteligencia digital. Las fuerzas de seguridad de cada provincia participaron en la verificación y profundización de las investigaciones, lo que permitió concretar los allanamientos y detenciones.
El fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, valoró la magnitud de la operación y el rol de coordinación ejercido desde la ciudad. “Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes, yendo hacia el fondo: llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual para niños, niñas y adolescentes”, dijo.
Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, responsable de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF CABA, explicó que el próximo paso será el análisis de los dispositivos secuestrados para definir si los casos avanzan a juicio oral o se resuelve mediante acuerdos abreviados. “Estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados”, sostuvo.
La secretaria general a cargo del CIJ, Bárbara Moramarco, consideró que la cooperación internacional resultó esencial para el abordaje de estos delitos de carácter transnacional. La operación Aliados por la Infancia fue diseñada como una estrategia multilateral, con acciones simultáneas y coordinación entre agencias de investigación y justicia de diferentes países. El objetivo central fue detectar, investigar y judicializar casos de explotación sexual infantil, con énfasis en la identificación de agresores, rescate de víctimas y obtención de evidencia digital para los procesos penales.
En la presentación de los resultados, realizada en la sede del CIJ en Ciudad de Buenos Aires, participaron representantes diplomáticos de Estados Unidos y Francia, así como funcionarios judiciales y de fuerzas de seguridad de la Argentina. La articulación internacional permitió que la operación tuviera alcance en países de América Latina, Europa y el Caribe, lo que reforzó la capacidad de respuesta ante la circulación global de material de abuso sexual infantil.
El operativo Aliados por la Infancia VI se enmarca en una serie de acciones previas y que la continuidad de los procedimientos dependerá del análisis de los dispositivos incautados y de la evolución de las investigaciones judiciales en curso.
