El Gobierno de Bolivia anunció ajustes al Decreto Supremo 5503 que establece nuevas medidas económicas y que provocó el rechazo de algunos sectores sociales tras su promulgación el 17 de diciembre.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, afirmó que los artículos que se prevé modificar no afectan al “fondo” de la norma, sino que corresponden únicamente a ajustes de forma. “Las conclusiones se darán a conocer mañana (viernes), son 35 artículos que solamente se modificarían en forma y no en fondo”, afirmó Barrientos y descartó que la norma sea derogada.
“El decreto que ha generado el Gobierno es de `sinceramiento’ de la economía que está generando múltiples ventajas para la población y que nos obliga a establecer una lógica de austeridad para estabilizar el país y luego generar riqueza”, manifestó en una rueda de prensa.
A pesar de haberse alcanzado acuerdos con algunas organizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) exige su abrogación y que los 120 artículos sean tratados en normas diferentes: por un lado, mantener la eliminación del subsidio a los combustibles, con la que están de acuerdo; y por otro, remitir ciertos artículos del decreto a la Asamblea Legislativa para que sean tratados de manera diferenciada a través de una ley.
La observación principal está relacionada con un nuevo procedimiento administrativo para los contratos de inversión sobre recursos naturales denominado “fast track”, que establece un mecanismo de aprobación expedita mediante decreto. Según algunos analistas, este proceso eliminaría el rol del Legislativo y omitiría otros requisitos constitucionales, como los estudios ambientales y la consulta previa en comunidades afectadas.
“Que vaya adelante la subvención, paralelamente a la abrogación de este decreto”, afirmó Mario Argollo, dirigente de la COB, durante un encuentro con ministros el miércoles, que entró en receso sin darse a conocer detalles de la reunión.
Tras varios días de protestas, el movimiento obrero inició esta semana un bloqueo de caminos a nivel nacional que se fue masificando y a primera hora de este viernes tenía 43 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de La Paz (20). También se registraron cortes de rutas en Cochabamba (7), Potosí (6), Oruro (6) y Santa Cruz (4), según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras.
En paralelo a las manifestaciones en las calles, se interpusieron siete acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar este y otro decreto, proceso que podría dilatarse debido a la falta de quórum en esa instancia.
En el Legislativo también hubo rechazo a algunas medidas que establece la norma. Legisladores de oposición —como el senador de la alianza Libre, José Manuel Ormachea y la senadora de Unidad, Cecilia Requena— observaron que al menos cinco artículos del decreto son inconstitucionales.
“Uno lee el decreto y parece crear una forma paralela de firma de contratos sobre recursos naturales que ni siquiera da tiempo para cumplir con la consulta previa e informada, una licencia ambiental”, observó Requena y agregó que modificar o derogar los artículos relacionados no implica la abrogación de toda la norma.
En tanto, el vicepresidente Edmand Lara, que hace poco se declaró opositor al gobierno, presentó un proyecto de ley destinado a dejar sin efecto los artículos que considera “inconstitucionales”. Flanqueado por asambleístas, el vicepresidente entregó la documentación para su tratamiento legislativo, bajo el argumento de que las actuales disposiciones vulneran la Constitución Política del Estado y desplazan las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo con la viceministra Barrientos, la tarde de este viernes se anunciarán las conclusiones de las mesas técnicas con organizaciones sociales, que pueden ser decisivas para definir los ajustes finales al Decreto Supremo 5503 y el curso del conflicto social en torno a la norma.
