Hay un consenso global sobre lo que impulsa el crecimiento: inversión, infraestructura, educación, estabilidad, armonía social. Pero hay un factor igual de determinante que rara vez se discute con la misma seriedad: la burocracia. No la necesaria, la que ordena y da certeza, sino la excesiva, la que retrasa decisiones, encarece proyectos y convierte procesos simples en recorridos interminables.
Ese tipo de burocracia tiene un costo real, y es alto. La OCDE estima que las cargas administrativas pueden representar entre 2% y 4% del PIB en algunas economías, y en América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que las empresas pueden dedicar hasta el 10% de su tiempo únicamente a cumplir trámites. Traducido a términos concretos eso es tiempo que no se invierte en producir, innovar o crecer y que impacta el bienestar colectivo.
Cada día que una empresa no puede abrir es empleo que no existe. Cada proyecto detenido es inversión que no se mueve. Cada hora en una ventanilla es productividad que se pierde. Pero la lentitud no solo tiene un costo económico: termina teniendo un costo social, porque retrasa oportunidades, ingresos y bienestar en la vida cotidiana de las personas. La burocracia funciona, en los hechos, como un impuesto oculto que no aparece en los presupuestos, pero que afecta directamente la competitividad de las economías y el ingreso potencial de las familias.
El origen de esta fricción suele estar en una idea equivocada: diseñar sistemas desde la desconfianza. Se asume que alguien va a incumplir, y la respuesta es construir procesos largos, fragmentados y llenos de autorizaciones previas. El resultado es el contrario al que se busca. No hay más control: hay más lentitud, más discrecionalidad y más espacios grises.
Douglass North lo explicó con precisión al señalar que el desarrollo depende de instituciones que reduzcan la incertidumbre; cuando los procesos son complejos, esa incertidumbre aumenta y los costos de transacción y la corrupción se disparan.
Por eso empieza a tomar fuerza un cambio de enfoque que vale la pena observar: dejar de detener todo para revisar todo, y avanzar hacia esquemas de confianza regulada. Es decir, reglas claras, requisitos verificables y procesos que fluyen bajo responsabilidad, con mecanismos posteriores de supervisión. Bajo esa lógica como alcalde yo he impulsado el Permiso a la Confianza, una regla que parte de una idea simple pero potente: si se cumplen condiciones objetivas, el trámite debe avanzar. No se trata de eliminar la regulación, sino de hacerla funcional, de reducir tiempos, bajar costos y, sobre todo, acotar la discrecionalidad.
Ese cambio sería incompleto sin la digitalización. No como una capa tecnológica sobre procesos ineficientes, sino como un rediseño del funcionamiento del sector público. Cuando un trámite depende de una persona, siempre existe margen para la interpretación; cuando depende de un sistema con reglas claras, ese margen se reduce de manera significativa. Por eso una frase aparentemente coloquial sintetiza bien el fondo del problema como lo vemos desde Nuevo León: “Las computadoras no piden moches”.
Detrás de esa expresión hay evidencia dura: organismos como el Banco Mundial y el BID han documentado que la digitalización reduce tiempos, elimina intermediaciones innecesarias y disminuye los espacios de corrupción. En la práctica, esto se ha traducido en reducciones de hasta 50% en los tiempos de trámite y en mejoras medibles en la eficiencia administrativa en el gobierno municipal a mi cargo.
Este enfoque no es exclusivo de una región. En México, por ejemplo, la agenda que impulsa la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto énfasis precisamente en este punto: homologar, reducir y digitalizar los trámites en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de eliminar redundancias y facilitar la actividad económica. La apuesta por la interoperabilidad, la identidad digital y la simplificación regulatoria apunta en la misma dirección: menos fricción, más certidumbre, más desarrollo y más recursos para las familias.
En la economía global actual, la velocidad institucional se ha vuelto un factor competitivo. Las inversiones ya no solo comparan costos laborales o ubicación geográfica; comparan certidumbre, claridad regulatoria y, sobre todo, tiempo. La burocracia excesiva no cancela inversiones: las desplaza. Las mueve hacia entornos donde abrir, construir es más rápido, claro y predecible.
Por eso el debate sobre la burocracia no es técnico, es estructural. Se trata de decidir qué tipo de Estado se quiere construir: uno que opere desde la sospecha permanente o uno que funcione con reglas claras, tecnología y confianza verificable. Porque al final, el desarrollo no se detiene por falta de capital o de ideas; se detiene por fricciones acumuladas. Y pocas fricciones son tan constantes y socialmente costosas como la burocracia mal entendida.
El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.
