Una célula que replica la estructura de un grupo armado vinculado al narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, habría operado en Ecuador coordinando atentados y extorsiones desde el interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La existencia de esta red y su funcionamiento fue revelada en una investigación publicada por el medio Primicias, que documenta cómo la organización replicó en territorio ecuatoriano el modelo de un grupo de élite asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la investigación periodística, el CJNG, organización criminal mexicana que ha tejido alianzas con estructuras delictivas ecuatorianas desde al menos 2021, habría desarrollado una célula local denominada “Fuerzas Especiales Mencho” (F.E.M.), inspirada en el brazo armado que en México brindaba protección directa al líder del cartel.
Según la investigación de Primicias, una estructura que adopta ese mismo nombre comenzó a aparecer en Ecuador a través de panfletos y amenazas distribuidas en barrios del cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena.
Las primeras señales de esta célula se registraron en septiembre de 2024, cuando en tiendas y viviendas del sector General Enríquez Gallo aparecieron stickers y panfletos con las siglas “F.E.M. CJNG” junto a la imagen de una calavera con boina militar. Los documentos exigían pagos extorsivos y advertían a los comerciantes que debían comunicarse con números telefónicos específicos para evitar represalias.
Uno de los casos que permitió reconstruir la operación del grupo fue el de una comerciante propietaria de un minimarket. Según su testimonio, un hombre encapuchado dejó un artefacto explosivo en la parte baja del local junto con un papel que contenía un número telefónico y las siglas de la organización. El artefacto fue detonado frente al establecimiento, mientras los mensajes advertían que, si no pagaba, su familia sería secuestrada.
Ante las amenazas, la víctima realizó dos transferencias bancarias por un total de USD 1.000 en septiembre de 2024 a la cuenta de Fernando Ariel M. R., un joven de 22 años que posteriormente fue identificado por las autoridades como uno de los integrantes de la red criminal.
El hombre ya se encontraba detenido por tráfico de drogas y cumplía una condena de 19 años en la Penitenciaría del Litoral. Durante la investigación se estableció que, pese a estar encarcelado, continuaba coordinando las extorsiones desde el interior del centro penitenciario mediante llamadas y videollamadas a las víctimas.
Según el expediente judicial citado por la investigación de Primicias, la comerciante también fue obligada a entregar mensualmente víveres y productos valorados en aproximadamente USD 150 a miembros de la organización que acudían a su negocio en vehículos. A pesar de los pagos, las amenazas continuaron mediante mensajes con imágenes de armas de fuego y advertencias de nuevos atentados si no entregaba más dinero.
La denuncia presentada por la víctima activó una investigación de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (Unase). Los agentes realizaron allanamientos en varios inmuebles y detuvieron a seis personas vinculadas con la red, entre ellas Kenia Nicole T. M. y otros presuntos colaboradores identificados durante el proceso.
Entre las evidencias incorporadas en el caso se incluyeron videos grabados por víctimas, en los que se observa a miembros del grupo realizar videollamadas con Fernando Ariel desde la cárcel para presionar a los comerciantes a pagar las denominadas “vacunas”. En uno de los registros, una mujer llega en motocicleta a un local y muestra el teléfono a la víctima mientras el hombre habla desde prisión.
El análisis del teléfono de una de las implicadas permitió a los investigadores rastrear el origen de los mensajes y ubicar seis celdas dentro de la Penitenciaría del Litoral desde donde se coordinaban las amenazas y los cobros extorsivos. Según la Fiscalía, se documentaron al menos diez hechos relacionados con las operaciones de esta estructura criminal.
Las autoridades concluyeron que la organización utilizaba símbolos y referencias al CJNG para generar temor entre los comerciantes y reforzar la imagen de una red con respaldo internacional. Durante el proceso judicial, varios de los implicados fueron condenados por el delito de extorsión, con penas de hasta 10 años de prisión para los autores y coautores, mientras que uno de los involucrados recibió una condena menor como cómplice.
