La etapa de instrucción fiscal del caso por el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio concluyó luego de dos años y siete meses de investigaciones. Con el cierre de esta fase procesal se abre paso a la etapa de juzgamiento, en un expediente que busca esclarecer quién ordenó el magnicidio ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Según el reportaje de investigación publicado por el portal La Fuente –fundado por el mismo Villavicencio–, en los últimos días de la instrucción surgieron nuevos elementos, entre estos audios, acusaciones de última hora y controversias en torno a la narrativa del caso.
La Fiscalía ha identificado a siete presuntos responsables vinculados a la planificación del crimen, incluidos cuatro procesados y tres personas vinculadas posteriormente durante la investigación. Entre ellos figuran los exasambleístas del correísmo José Serrano y Ronny Aleaga, los vinculados a tramas de corrupción y delincuencia organizada, Daniel Salcedo y Xavier Jordán, además de presuntos miembros del grupo criminal Los Lobos, a quienes se atribuye la ejecución del atentado.
Según la teoría fiscal citada en el reportaje, la investigación sostiene que el asesinato habría sido el resultado de un plan estructurado en el que intervinieron actores políticos, operadores criminales y redes vinculadas al narcotráfico. En ese esquema, integrantes del grupo delictivo organizado Los Lobos habrían aceptado ejecutar el crimen a cambio de un pago de un millón de dólares.
En la fase final de la instrucción se incorporaron nuevos audios al expediente judicial. Según La Fuente, algunos de estos registros fueron solicitados por los propios procesados y otros entregados por la Fiscalía. En uno de ellos, obtenido de un teléfono incautado en otro proceso judicial, se menciona una reunión de dirigentes vinculados al movimiento político Revolución Ciudadana (RC), en la que se habría discutido la posibilidad de respaldar la versión de uno de los acusados, Xavier Jordán, según la cual el caso habría sido “armado” por la Fiscalía.
Esa narrativa, según el mismo reportaje, ha sido reiterada por varios de los procesados durante el proceso. La publicación sostiene que en esa reunión se habría planteado impulsar públicamente la tesis de que la investigación del magnicidio fue construida de manera artificial, lo que coincide con los argumentos expuestos por algunos de los acusados en sus versiones dentro del expediente.
Otro de los elementos revelados en los días finales de la instrucción se relaciona con la posición adoptada por Verónica Sarauz, exesposa de Villavicencio. Según el reportaje citado, la defensa de José Serrano presentó una carta que, según afirman, fue entregada por Sarauz y en la que se respaldaría la narrativa de los procesados que sostienen que el caso fue “armado”.
La publicación también señala que la actuación de Sarauz dentro del proceso ha sido objeto de controversia. Durante varios meses cuestionó públicamente la investigación de la Fiscalía, incluso señalando a otras personas como presuntas responsables del crimen. Sin embargo, posteriormente decidió presentarse como acusadora particular dentro del mismo proceso, señalando a varios de los procesados identificados por la Fiscalía.
De acuerdo con el reportaje, estas posiciones contradictorias han generado interrogantes sobre su rol dentro del caso. La información también menciona que Sarauz contrajo matrimonio nuevamente en julio de 2024 con un policía que había sido parte de su esquema de seguridad tras el asesinato de Villavicencio y que fue ascendido por José Serrano cuando este era ministro del correísmo, un hecho que fue divulgado públicamente durante las últimas semanas de la instrucción fiscal.
Mientras estas controversias se desarrollaban en los días finales de la investigación, las hijas del candidato asesinado, Amanda y Tamia Villavicencio, reafirmaron su acusación particular en el proceso y anunciaron que mantendrán su posición de manera independiente. Según declaraciones recogidas en el reportaje, ambas consideran que los elementos recabados por la Fiscalía, incluidos testimonios anticipados, pericias forenses y análisis de comunicaciones, configuran un plan criminal estructurado para ejecutar el asesinato.
Las hijas de Villavicencio también sostienen que la investigación ha permitido identificar una red de coordinación entre los distintos implicados, evidenciada a través de registros de comunicaciones, análisis de dispositivos electrónicos y metadatos de llamadas que mostrarían la planificación y ejecución progresiva del atentado.
Según su acusación particular, cada uno de los procesados habría desempeñado un rol específico dentro de la estructura que permitió la ejecución del crimen y su posterior encubrimiento. En su criterio, estos elementos demuestran la existencia de una operación organizada y deliberada.
