El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos

El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez (EFE/ Jorge Torres)

El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez, muy crítico con la dictadura de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificó este domingo de “ciegos” a “quienes creen que la paz se construye con violencia y que los sistemas políticos son eternos”.

Nicaragua es gobernada por el sandinista Daniel Ortega, de 80 años, desde 2007 en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

Son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal; se obstinan en el mal que cometen y rechazan toda corrección”, señaló el jerarca católico, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de los Estados Unidos.

El obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que son ciegos también “quienes piensan obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y ven el dolor ajeno como quien ve llover tras el cristal”.

Además, son ciegos quienes piensan que el dinero hace felices a las personas o que el amor es un sentimiento pasajero y no una decisión libre que busca siempre el bien del otro, y quienes viven como si el mañana no existiera y el futuro no tuviera memoria, continuó.

Silvio Báez fue desterrado de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres)

Son ciegos también quienes creen que la paz se construye con la violencia o que violentar los derechos de los otros los hace poderosos”, agregó.

Para el obispo nicaragüense, “son ciegos quienes callan ante la injusticia, creyendo que nunca serán víctimas, imaginando que su silencio los protegerá de los tiranos”.

“Son ciegos también quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto, entregándoles su corazón y su conciencia”, añadió.

Báez llamó a seguir el relato del evangelio, en el que Jesús cura a un ciego de nacimiento a alguien que había vivido toda su vida sumido en la oscuridad, y los invitó “a abrir el corazón al Evangelio para liberarnos de nuestras cegueras”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

La persecución al clero que Báez encarna desde el exilio ha alcanzado dimensiones sin precedentes en la historia nicaragüense. Según el informe periódico de la abogada Martha Patricia Molina, el régimen registró 971 ataques documentados contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y diciembre de 2024, con un pico de 321 agresiones en 2023. En total, 266 religiosos fueron expulsados, desterrados, exiliados o se les impidió el ingreso al país en esos años.

A esa cifra se añadió en febrero pasado el sacerdote José Concepción Reyes Mairena, de la Diócesis de León, detenido al aterrizar en Managua tras dos años en España y expulsado horas después, con lo que el total de religiosos forzados a salir del país asciende a 309.

Cuatro diócesis —Jinotega, Matagalpa, Estelí y Siuna— se encuentran sin obispos residentes. Los cuatro prelados desterrados son Báez, Rolando Álvarez, Isidoro Mora y Carlos Enrique Herrera, este último expulsado en diciembre de 2024. El caso de Álvarez resultó emblemático: fue condenado a 26 años de prisión sin garantías procesales antes de ser deportado a Roma en enero de 2024. En febrero de 2023, el régimen sandinista privó de la nacionalidad a más de 450 personas en total, muchas de ellas en condición de apátridas de hecho, según Human Rights Watch.

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