El clan acusado de lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia del país enfrentará el juicio en su contra. En los últimos días, la jueza Paula González avaló el pedido de elevación a juicio presentado a fines de febrero por la fiscal Mónica Cuñarro contra el empresario Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago y su colaborador Patricio Gastón Flores, integrantes del esquema inmobiliario Induplack, dedicado al desarrollo de 17 obras de pozo a lo largo de CABA.
Así, los acusados -todos ellos presos en penales federales, con denuncias en su contra que datan de 2020- deberán enfrentar al Tribunal Oral N°26 en una fecha a definir, con la acusación representada por el fiscal Guillermo Morosi. Cuñarro los acusa de integrar una asociación ilícita que afectó a más de 400 víctimas con, al menos, 441 hechos de estafa. El daño colectivo se estima en 50 millones de dólares. En 2025, los L’Abbate y Patricio Flores fueron embargados colectivamente por $36 millones de dólares.
En su acusación, la fiscal aseguró que, con su accionar, los imputados ejecutaron “un designio criminal único encaminado a defraudar a una masa de personas, damnificar a una cantidad de personas indeterminadas”, con obras que terminaron por perjudicar a los vecinos mismos, con aguas servidas y peligro de derrumbe.
Los L’Abbate y Patricio Flores son tan solo una parte de los imputados del caso. En su pedido de elevación a juicio, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por el clan L’Abbate. Entre estos acusados hay, por ejemplo, otros dos empresarios de la construcción. La rueda de estas indagatorias comenzará esta semana y se extenderá a lo largo del mes.
Los damnificados, básicamente, denunciaron que pagaban sus departamentos y que no se los daban. Pero la presunta estafa solo es una parte de la historia del grupo Induplack, que terminó con escraches en la calle y pintadas contra sus presuntos responsables. “Se ha corroborado que desde el año 2008 los imputados se encuentran involucrados en 23 sociedades, apuntó la fiscal.
Esta sociedades, según descubrió Infobae, poco más que cáscaras fiscales a simple vista, concentraron una notable cantidad de deudas con organismos del Estado.
Una fuente clave en la causa asegura: “Estas sociedades fueron supuestamente conformadas para esconder el dinero obtenido, una típica maniobra delictiva de cuello blanco”. Los L’Abbate ocupaban todos los roles-presidentes, directores, cuotapartistas- lo que, según la causa, les permitió hacerse de grandes sumas de dólares en efectivo que fueron desviadas. Es decir, además de tomar el dinero de los compradores de los pozos, tomaban deuda, con un tendal de cheques sin fondo.
La primera firma que figura en esta lista de cheques rotos es Iwin SA, dedicada en los papeles al rubro metalúrgico. Fue creada en 2021 por Emanuel y su padre. Iwin acumula una deuda de $97 millones de acuerdo a su perfil comercial. La mitad de esta deuda le corresponde a FOGABA SAPEM, el Fondo de Garantías Buenos Aires, una institución de garantías bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
Iwin Aberturas, que Emanuel y sus hermanos integraron, acumula deudas por $369 millones: 365 le corresponden al Banco Nación.