La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que 40 personas de la etnia uigur, deportadas hace un año de Tailandia a China, permanecen en “paradero desconocido” tras la suspensión, en junio pasado, de las visitas periódicas a las que se había comprometido el gobierno tailandés.
Las autoridades de Bangkok deportaron el 27 de febrero de 2025 a 40 uigures, quienes habían pasado una década en el país del Sudeste Asiático, luego de un acuerdo con China. La decisión recibió críticas de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos.
“Subieron a 40 uigures a camiones con los cristales oscurecidos y los devolvieron por la fuerza a China”, recordó HRW, al cumplirse casi un año del retorno forzoso. La ONG advirtió sobre la negativa del régimen chino “a informar sobre su destino o paradero”, lo que consideró como una «desaparición forzada en virtud del derecho internacional“.
HRW explicó que Tailandia detuvo en junio las audiencias periódicas que buscaban garantizar el bienestar de los deportados, audiencias que debían realizarse en Xinjiang, región de origen de los uigures y donde el acceso a la prensa internacional está severamente restringido por el régimen chino.
La última visita oficial comunicada por Bangkok tuvo lugar en marzo pasado, cuando una delegación encabezada por los entonces ministros de Defensa y Justicia visitó a 14 de los deportados.
La deportación se produjo en un contexto de búsqueda de Tailandia de nuevas fórmulas para mejorar sus relaciones con China, tras tensiones asociadas a la proliferación de centros de estafa en la frontera con Myanmar, que afectaron el turismo chino, clave para la economía tailandesa.
HRW resaltó que las autoridades presentaron los retornos como “reunificaciones familiares”, pero los allegados en el extranjero no tuvieron noticias desde la deportación. Tampoco se permitió el acceso a observadores independientes ni a expertos de Naciones Unidas.
En la última década, países como Egipto, Camboya, Malasia, Marruecos, Arabia Saudita, Tayikistán o Turquía también realizaron deportaciones de uigures, de acuerdo con HRW, que pide su reconocimiento como refugiados por parte de los gobiernos y del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Diversas organizaciones acusan al régimen del líder chino Xi Jinping de detener a miles de uigures en centros de reeducación en Xinjiang. Beijing atribuye a grupos independentistas uigures una serie de ataques en su territorio.
Además, Naciones Unidas advirtió sobre riesgos de asimilación cultural forzada para niños uigures y otras minorías musulmanas del noroeste de China, en un contexto que varias ONG describen como un intento de “genocidio cultural”.
Cabe mencionar que HRW denunció el 4 de febrero a las autoridades del régimen por “negar sistemáticamente” las libertades de expresión y de asociación, y persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista chinos (PCCh) mediante la censura y el uso del sistema legal.
En ese sentido, advirtió que Beijing ejerce un estricto control sobre la libertad religiosa, limitando el ejercicio oficial a solo cinco credos reconocidos y reprimiendo a comunidades no registradas, como congregaciones católicas y protestantes que rechazan integrarse en las iglesias controladas por el Estado.
La organización también denuncia que persiste la discriminación contra mujeres y niñas, en un contexto donde las autoridades intensifican la presión para promover modelos familiares tradicionales ante la caída de la natalidad.
(Con informaciónde EFE)
