En América Latina, el debate público suele concentrarse —con razón— en desafíos urgentes: seguridad, crecimiento económico, empleo, estabilidad institucional, desarrollo tecnológico. Pero ninguna nación se sostiene únicamente sobre cifras o consignas administrativas. La solidez de una democracia descansa, en última instancia, en la calidad moral de sus ciudadanos y en la coherencia de los valores que orientan su desarrollo.
La cuestión de fondo no es solo cómo prosperar, sino con qué propósito y bajo qué principios.
Con ocasión del alto honor con el que fui investido hace pocos días, en Lima, por la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres, recibí no solo una distinción académica, sino también un llamado a reflexionar sobre el sentido profundo de la educación superior. Para quien, como yo, no tuvo en su momento la oportunidad de cursar estudios universitarios formales, este reconocimiento adquiere un significado especial. No lo interpreto como otra consagración personal, sino como una reafirmación de mi respeto por la universidad como espacio insustituible de formación ética.
Haber sido distinguido por una institución universitaria tan relevante sin haber sido alumno suyo me compromete aún más con la defensa de sus valores.
La universidad no es únicamente un centro de generación y transmisión de conocimientos; es un entorno ideal donde se cultivan hábitos intelectuales, se ejercita el pensamiento crítico y se interioriza la responsabilidad con la comunidad.
Desde la tradición clásica, la educación ha sido entendida como la base de la vida cívica. Aristóteles afirmaba que la ciudad alcanza su plenitud cuando sus ciudadanos practican la virtud orientada al bien común. Siglos después, la universidad moderna asumió la tarea de formar individuos autónomos, capaces de razonar con independencia y actuar con responsabilidad. Esa misión no ha perdido vigencia.
En el siglo XXI, la universidad no puede reducirse a un frío engranaje del mercado laboral. Su misión es formar personas íntegras y crear pensamiento trascendente. Profesionales competentes, sí, pero también ciudadanos conscientes de que el conocimiento conlleva deberes. En palabras de mi entrañable amigo Mario Vargas Llosa, la universidad debe contribuir a formar ciudadanos sensibles ante las desigualdades y comprometidos con la defensa de la libertad. Esa visión trasciende lo instrumental: reconoce en la educación superior una función ética y cívica irrenunciable.
La región enfrenta hoy un clima de incertidumbre marcado por la polarización, la inseguridad, la desinformación y la erosión de la confianza institucional. En ese contexto, la universidad está llamada a ser un espacio de diálogo razonado y de búsqueda honesta de la verdad. La libertad académica no es un privilegio corporativo, sino un pilar democrático. Sin pensamiento crítico, la sociedad pierde su capacidad de corregirse y de proyectarse hacia el futuro.
La excelencia académica debe ir de la mano de la responsabilidad social. Formar médicos con rigor científico y misericordia; juristas que conciban el derecho como herramienta de la justicia; comunicadores conscientes de la trascendencia de la palabra pública; ingenieros y empresarios que entiendan que la eficiencia económica no puede desligarse de principios éticos.
El liderazgo auténtico no se sustenta solo en habilidades técnicas, sino en convicciones morales. La educación universitaria ofrece un marco privilegiado para forjar esas convicciones.
A los jóvenes universitarios quiero decirles que el título que recibirán no es únicamente un logro personal. Es un pacto con la sociedad. La formación académica amplía horizontes, pero también conlleva inmensas responsabilidades. El conocimiento adquiere su sentido más alto cuando se pone al servicio de la dignidad humana y del bien común.
Winston Churchill, quien fue investido como Doctor Honoris Causa en varias ocasiones por las más prestigiosas universidades del mundo, decía en dicha oportunidad: “Todas las grandes cosas son simples, y muchas pueden expresarse en una sola palabra: libertad, justicia, honor, deber, misericordia, esperanza”.
Nada más cierto. En efecto, la educación superior latinoamericana enfrenta un desafío histórico: convertirse en una verdadera escuela de ciudadanía. En esa tarea se juega el porvenir democrático y humanista de la región. Y para quienes hemos recorrido caminos distintos hacia el aprendizaje, reconocer y honrar como sencillez la misión de la universidad es, al mismo tiempo, un acto de gratitud y un compromiso con el futuro para una democracia vibrante, próspera y digna de sus hijos.
* El autor fue presidente de la República del Ecuador.
