La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) activó el plan de transición para asumir el control operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal tras la orden oficial emitida luego de la publicación en Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la concesión que desde 1997 mantenía Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison.
El Gobierno presentó el esquema como una medida de urgencia para asegurar la continuidad del servicio portuario y evitar impactos en la cadena logística, en un momento de alta sensibilidad por el tamaño del negocio y la presión internacional alrededor del caso.
En una conferencia posterior a conocerse la orden, el director nacional de Puertos de la AMP, Max Flores, explicó que la transición se proyecta por un periodo de 18 meses, plazo que las autoridades consideran necesario por la complejidad técnica de ambas terminales y la necesidad de ejecutar una transferencia ordenada de responsabilidades, procesos y controles.
Según Flores, la prioridad inmediata será que los puertos sigan funcionando con normalidad, sin interrupciones en servicios, movimientos y atención a clientes, mientras se implementa el esquema temporal.
El elemento más relevante del anuncio fue la definición de quiénes asumirán el control operativo durante la transición. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, APM Terminals, filial del grupo danés Maersk, asumirá el control de Balboa mientras que Cristóbal será operado por Terminal Investment Limited (TiL), la filial de terminales portuarias del MSC Group (Mediterranean Shipping Company), una de las navieras más grandes del mundo.
La decisión marca un giro operativo inmediato en dos terminales consideradas estratégicas para el movimiento de carga y transbordo en el istmo.
El designado para liderar el proceso, Alemán Zubieta, exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, sostuvo que la selección de APM y TiL/MSC respondió a un criterio operativo: son empresas que, según el planteamiento oficial, manejan la mayor parte de la carga asociada a ambos puertos, por lo que su incorporación permitiría preservar la continuidad logística y reducir el riesgo de disrupciones.
Bajo ese enfoque, la transición busca sostener el flujo de contenedores y la eficiencia operacional mientras el Estado define el esquema definitivo de administración y adjudicación.
Precisamente, MSC formaba parte del consorcio liderado por Black Rock para adquirir las terminales portuarias del CK Hutchison fuera de china, transacciones que se había valorado en maps de 22 mil millones de dóalres y que antes del fallo de la CSJ de Panamá había enfrentado múltiples retrasos en gran parte por la negativa de China de perder presencia en las teminales portuarias panameñas.
El origen de la transición es el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la prórroga del contrato y sus actos relacionados, lo que dejó sin base jurídica la continuidad de la concesión. Para el Gobierno, la orden a la AMP se convirtió en el instrumento para evitar un vacío de administración y sostener operaciones en puertos que son piezas clave del sistema logístico nacional. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la prioridad es la continuidad del servicio y la estabilidad del comercio.
En el plano político, el presidente José Raúl Mulino rechazó las advertencias provenientes de China y Hong Kong sobre posibles consecuencias económicas, y sostuvo que las decisiones judiciales en Panamá son finales y deben respetarse en el marco del Estado de derecho y la separación de poderes.
Ese mensaje fue reiterado mientras el Gobierno defendía la legalidad de la transición y el carácter institucional del proceso tras el pronunciamiento de la Corte.
Del lado empresarial, PPC ha advertido que equipos, sistemas y plataformas operativas dentro de las terminales serían de su propiedad, y que no deberían ser utilizados por terceros, una postura que anticipa disputas sobre control de activos, acceso a infraestructura y operación de sistemas tecnológicos críticos.
En paralelo, la empresa mantiene un arbitraje internacional contra el Estado panameño por la anulación, un frente legal que podría extenderse y elevar la tensión sobre la transición.
Flores explicó que la orden de interés social urgente emitida a la Autoridad Marítima de Panamá busca precisamente garantizar la continuidad operativa de los puertos durante la transición, incluyendo el uso de equipos, sistemas e infraestructura existentes mientras se consolida el nuevo esquema administrativo.
En la misma línea, Zubieta señaló que el país se prepara para enfrentar los arbitrajes interpuestos por Panama Ports Company mediante la contratación de firmas legales especializadas de alto nivel, al tiempo que indicó que, bajo el escenario actual de controversia, Panamá no prevé entablar procesos de negociación con la empresa mientras se mantenga abierto el conflicto jurídico.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, también intervino en la conferencia para abordar el componente laboral, enfatizando el enfoque del Gobierno en el pago a los trabajadores y la continuidad de obligaciones asociadas a planilla y derechos laborales durante el periodo de transición.
Su mensaje buscó reducir incertidumbre entre el personal vinculado a las operaciones portuarias, en un momento en que el cambio administrativo coincide con tensiones legales y operativas entre el Estado y la concesionaria.
Con el esquema anunciado, el Gobierno intenta sostener un equilibrio: mantener puertos operativos con apoyo de operadores globales de gran volumen, mientras gestiona el impacto jurídico del fallo, las reacciones externas y el arbitraje.
Los próximos meses estarán marcados por la implementación del periodo de 18 meses, la coordinación operativa entre instituciones y operadores, y la definición de un nuevo modelo que permita adjudicar las terminales bajo reglas revisadas y con mayor control estatal.
