Un grupo de diputados en la Asamblea Nacional de Panamá intentó sin éxito citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda sobre un extenso cuestionario relacionado con denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en un albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad adscrita al Mides.
La citación, impulsada por legisladores independientes y respaldada inicialmente por 19 votos, fue declarada “inexistente” por falta del quórum necesario después de que diputados de los partidos tradicionales se retiraron antes de la votación.
La iniciativa para llevar a la ministra ante el pleno era promovida principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades tras una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
El cuestionario que sustentaba la citación buscaba que la ministra precisara, primero, el tamaño real del sistema de albergues: cuántos centros de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno, con un desglose por nombre del albergue, provincia o comarca y rangos de edad.
También solicitaba información sobre cuántos menores con discapacidad permanecen bajo custodia y en qué albergues se encuentran.
La denuncia señala problemas como deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico idóneo, convivencia de adultos con niños, e incluso hallazgos que contravendrían estándares básicos de protección infantil.
Brenes y otros diputados independientes argumentaron que la ministra, como titular del Mides y presidenta de la Junta Directiva del SENNIAF, debe rendir cuentas directamente ante el pleno sobre lo que ocurre en los albergues estatales, especialmente tras las graves acusaciones.
Sin embargo, su propuesta quedó trunca cuando los diputados de partidos tradicionales se retiraron del pleno antes de la votación final, lo que impidió alcanzar el número mínimo de votos necesario para validar la moción.
“El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy está bajo custodia de los albergues”, señaló uno de los legisladores en respaldo a la propuesta, reflejando el malestar entre algunos sectores de la Asamblea ante la percepción de omisión y falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.
Otra parte del cuestionario se enfocaba en el cumplimiento de estándares mínimos. Los diputados pedían detallar cuáles son las condiciones físicas y técnicas que deben cumplir los albergues según la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos, especificando el tipo de falla detectada y las medidas adoptadas para corregirla.
El cuestionario incluía además preguntas sobre casos de convivencia de menores con adultos y sobre la permanencia de grupos etarios en albergues que no corresponderían a su perfil. Finalmente, el cuestionario buscaba datos concretos sobre supervisión, denuncias y sanciones. Se solicitaba precisar con qué frecuencia se realizan inspecciones y monitoreos, cuántas actas se han levantado desde julio de 2024 y qué hallazgos se documentaron.
Tras la visita legislativa al CAI de Tocumen, la diputada Brenes presentó al Ministerio Público correos, informes internos y fotografías que describían situaciones de riesgo para los menores bajo custodia estatal.
La Fiscalía de Panamá respondió abriendo una investigación formal, que incluye diligencias investigativas, inspecciones técnicas y levantamiento de evidencia en el albergue. La pesquisa busca determinar si hubo delitos como maltrato a menores, abuso sexual, negligencia y omisión de funciones por parte de funcionarios públicos encargados de la administración del centro.
En paralelo, la Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, adoptó un paquete de medidas urgentes tras la denuncia. Entre las decisiones estuvo la orden de una inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen por parte de un equipo técnico interinstitucional, con participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros organismos, con el objetivo de verificar las condiciones reales en el albergue y determinar acciones correctivas.
También se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que estaba residiendo en el albergue, con miras a su traslado a instituciones adecuadas, así como una evaluación administrativa del SENNIAF para fortalecer la supervisión institucional.
Las reacciones políticas no se limitaron a la Asamblea. Organismos internacionales como UNICEF han manifestado su preocupación por las denuncias, recordando que los albergues no siempre constituyen entornos idóneos para el desarrollo infantil, y que modelos alternativos como la atención en familias acogentes suelen ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de los menores.
El caso también encendió un debate sobre el presupuesto del SENNIAF. Mientras la directora del organismo, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita su capacidad de mejora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos sí existen, aunque problematizó la eficiencia en su uso.
Para 2026, el presupuesto del SENNIAF alcanza los $7.6 millones, de los cuales una parte mínima se destina a inversiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la institución para atender las necesidades de los albergues de manera adecuada.
