La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 278, que reforma el Código Penal para ampliar las sanciones por violencia psicológica, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión contra quienes cometan este delito, sin distinción de sexo o edad de la víctima.
Con esta decisión, el Parlamento modificó el artículo 138-A de la Ley 14 de 2007, que hasta ahora aplicaba sanciones principalmente cuando la víctima era una mujer, dejando fuera a hombres y menores de edad que también sufrían este tipo de agresiones.
La nueva norma establece que incurre en violencia psicológica quien, mediante amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue a otra persona a hacer o dejar de hacer algo, tolerar explotación, someterse a humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión.
El texto aprobado señala que estas conductas constituyen un delito contra la vida e integridad personal, aun cuando no exista agresión física directa, reconociendo el impacto que el daño emocional y mental puede tener en las víctimas.
Además, la ley dispone que, si las conductas provocan daño psíquico comprobado, la pena podrá aumentarse de una tercera parte hasta la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter disuasivo de la sanción.
El proyecto fue impulsado por el diputado Luis Eduardo Camacho, quien argumentó durante el debate que la legislación anterior dejaba en una posición vulnerable a hombres y niños víctimas de violencia emocional, en un contexto marcado por una cultura patriarcal y machista.
Camacho sostuvo que muchos hombres que sufren agresiones psicológicas optan por guardar silencio por temor al estigma social, la burla o la vergüenza, lo que dificulta la denuncia y perpetúa los abusos.
“Hay que trabajar en que el género masculino entienda que denunciar no le quita hombría ni dignidad”, expresó el diputado durante la sustentación del proyecto, según consta en las actas legislativas.
En su exposición de motivos, el proponente destacó que la violencia no es un fenómeno exclusivo de género, sino una problemática que afecta a mujeres, hombres y niños, y que debe abordarse desde una perspectiva inclusiva y de derechos humanos.
La iniciativa recibió el respaldo mayoritario del pleno, con 45 votos a favor, uno en contra y una abstención, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de actualizar el marco legal.
Desde el punto de vista institucional, la reforma busca fortalecer la capacidad del Ministerio Público para investigar y judicializar casos de violencia psicológica, sin depender del perfil de la víctima.
También otorga mayores herramientas al Órgano Judicial para tipificar adecuadamente estas conductas, que en muchos casos eran tratadas como faltas menores o quedaban sin sanción efectiva.
Organismos internacionales han advertido que la violencia psicológica puede generar efectos tan graves como la violencia física, incluyendo depresión, ansiedad, aislamiento social, pérdida de autoestima y, en casos extremos, riesgo suicida.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el maltrato emocional constituye una forma de violencia estructural, con impactos duraderos en la salud mental y el desarrollo personal.
En Panamá, especialistas en salud mental han insistido en que este tipo de agresiones suele ser invisible, persistente y difícil de probar, lo que históricamente ha limitado el acceso a la justicia de las víctimas.
La reforma pretende corregir esa brecha, reconociendo legalmente que el daño psicológico también vulnera derechos fundamentales.
El proyecto 278 fue presentado en marzo de 2025 y analizado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que recomendó su aprobación tras evaluar su viabilidad jurídica.
El informe de la comisión destacó que la iniciativa promueve la igualdad ante la ley y contribuye a desmontar estereotipos que minimizan ciertas formas de violencia.
Con la aprobación en tercer debate, la norma queda pendiente únicamente de su sanción y promulgación por parte del Ejecutivo para entrar en vigencia.
Las autoridades esperan que la reforma contribuya a reducir la impunidad, fortalecer la cultura de denuncia y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente al abuso emocional.
Para organizaciones de derechos humanos, el reto ahora será garantizar que el sistema judicial cuente con capacitación y recursos suficientes para aplicar la ley de forma efectiva.
