El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro

El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro

Las autoridades de El Salvador entregaron a Guatemala a un ciudadano guatemalteco identificado como Erick “N”, de 26 años, quien era buscado a nivel internacional por los delitos de asesinato y secuestro. La expulsión se concretó tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, las fuerzas de seguridad salvadoreñas y la Interpol, lo que permitió la ubicación y traslado del detenido hasta territorio guatemalteco para que enfrente la justicia.

La captura y posterior expulsión del individuo se realizó en la frontera Las Chinamas, ubicada en la aldea Valle Nuevo, municipio de Jalpataqua, departamento de Jutiapa. Según el comunicado de la PNC de Guatemala, el procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre las autoridades policiales de ambos países y la Interpol. El señalado mantenía una orden de captura emitida por un juzgado de El Progreso, Guatemala, por los delitos de asesinato y plagio o secuestro.

Erick “N” había sido catalogado como “prófugo de la justicia guatemalteca” desde el 12 de septiembre del año pasado. La PNC informó que la búsqueda internacional surgió a partir de una notificación roja emitida por Interpol Guatemala el 25 de abril del año pasado, lo que permitió su localización en El Salvador y el desarrollo de los mecanismos legales para su expulsión.

Las autoridades guatemaltecas solo difundieron el primer nombre y la edad del detenido, en cumplimiento con los protocolos de resguardo de identidad en casos de procesos judiciales en curso. De acuerdo con la información oficial, la aprehensión fue posible gracias a la colaboración directa de los cuerpos de seguridad salvadoreños, quienes asumieron el proceso de ubicación, detención y entrega del acusado a la PNC de Guatemala en el punto fronterizo.

Tras la recepción de Erick “N”, la PNC de Guatemala detalló que inició las gestiones legales para trasladarlo ante el juzgado que emitió la orden de captura. En esa instancia judicial, las autoridades guatemaltecas realizarán una audiencia en la que se le informarán los motivos de su detención. Posteriormente, el tribunal correspondiente analizará los procedimientos legales aplicables y determinará los pasos a seguir conforme al debido proceso.

El guatemalteco era buscado a nivel internacional de acuerdo con una notificación roja emitida el 25 de abril del 2025./ (Foto X de la PNC de Guatemala)

La coordinación entre El Salvador y Guatemala para la entrega del sospechoso es reflejo de los mecanismos de cooperación policial regional, orientados a combatir el crimen organizado y la impunidad transfronteriza. Según la PNC, este tipo de operativos conjuntos responde al compromiso de ambos países de fortalecer el intercambio de información y apoyo mutuo en la persecución de personas acusadas de delitos graves.

El caso de Erick “N” se suma a otros procesos de cooperación internacional en materia de seguridad, donde la intervención de la Interpol ha sido clave para la localización y captura de prófugos. Las notificaciones rojas, como la emitida en este caso, permiten alertar a cuerpos policiales de distintos países sobre la presencia de personas buscadas y facilitar su entrega a la justicia del país solicitante.

El proceso judicial continuará con base en las pruebas que presente el Ministerio Público y la defensa del acusado, siguiendo las garantías del debido proceso establecidas en la legislación guatemalteca.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de los delitos atribuidos a Erick “N”, ni sobre su posible vinculación con otras investigaciones abiertas en Guatemala. Las autoridades mantienen bajo reserva la información relacionada con la investigación, en tanto avanzan los procedimientos judiciales pertinentes.

La expulsión de Erick “N” y su entrega a las autoridades guatemaltecas representa un nuevo paso en la colaboración regional para combatir la criminalidad y garantizar que los acusados de delitos graves enfrenten la justicia en sus países de origen.

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