La Asociación de Colegios Privados de El Salvador pidió al Gobierno incluir a los estudiantes del sector privado en la distribución de computadoras, una política que hasta ahora se ha enfocado en la educación pública. En declaraciones a Infobae, el presidente de la Asociación, Javier Hernández, sostuvo que la gran mayoría de familias que optan por colegios privados enfrentan vulnerabilidad económica similar a la de quienes asisten a escuelas estatales.
“Es un derecho que debe reconocerse a todos los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, sin importar el tipo de centro educativo”, afirmó Hernández.
Actualmente, el Ministerio de Educación entrega computadoras y paquetes escolares a estudiantes del sector público, como parte de una estrategia de inclusión digital. Según el presidente de la Asociación de Colegios Privados, más del 70% de los alumnos en colegios privados provienen de hogares con ingresos limitados, por lo que la exclusión de este sector genera una brecha tecnológica. “La ley reconoce el derecho de los estudiantes públicos a un paquete escolar debido a la vulnerabilidad económica de sus familias. Esa vulnerabilidad también existe en el sector privado”, explicó.
La petición responde a la realidad de familias salvadoreñas que, a pesar de hacer un esfuerzo para pagar una cuota mensual en instituciones privadas, no cuentan con recursos suficientes para adquirir equipos tecnológicos. El presidente de la Asociación subrayó: “Muchos padres de colegios privados son empleados públicos o trabajadores con salarios modestos”. Indicó que la política de entrega de computadoras solo a los centros públicos “deja de lado a un gran número de niños y jóvenes que también necesitan acceso a la tecnología para cumplir con los requerimientos actuales del sistema educativo”.
Hernández sostiene que incluir al sector privado en la entrega de computadoras tendría un doble impacto: reduciría la brecha tecnológica y reconocería el aporte de las familias que al inscribir a sus hijos en colegios privados alivian el cupo de la educación pública. “Un padre que elige el colegio privado contribuye al Estado, porque libera un espacio en el sistema público y asume el costo de la educación de su hijo”, precisó. “Ese mérito debería considerarse al momento de definir las políticas de apoyo social”, agregó.
Hasta el momento, la Asociación no ha presentado una petición formal al Ministerio de Educación para extender el programa de entrega de computadoras, aunque mantiene canales de diálogo abiertos con las autoridades. Hernández expresó su esperanza de que el Ejecutivo reconozca la situación de los estudiantes privados en futuras decisiones de política pública.
SOBRE EL AÑO ESCOLAR
El ciclo escolar 2026 inició con una matrícula de 160,000 estudiantes en colegios privados, cifra que podría aumentar en las próximas semanas. Hernández detalló que el proceso de matricula en el sector privado permanece abierto hasta mediados de febrero, a diferencia del sistema público, donde la inscripción se realiza principalmente en noviembre. “El límite oficial para inscribir alumnos es el final de febrero, aunque el pico más alto de matrículas se espera en las primeras dos semanas”, detalló. Aclaró que, en el sector público, la urgencia por matricular antes de fin de año responde a la logística de entrega de los paquetes escolares.
En cuanto a los costos operativos, Hernández destacó que los colegios privados han absorbido los aumentos derivados de la inflación y las inversiones en tecnología, infraestructura y capacitación docente, sin trasladar estos incrementos a las familias. “La mayoría de colegios ha mantenido las cuotas sin alzas, a pesar de asumir gastos por la nueva reforma educativa y la modernización de espacios y equipos”, dijo. Entre los proyectos recientes destacan la actualización de mobiliario y la contratación de empresas internacionales para la capacitación docente en áreas como primera infancia y tecnologías educativas.
