La dictadura de Cuba ha implementado un sistema de vigilancia digital caracterizado por la utilización de leyes punitivas, programas espía y mecanismos de intrusión tecnológica con el objetivo de “neutralizar el disenso”, según el Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba elaborado por la organización no gubernamental Prisoners Defenders. El documento, presentado este martes a través de una sesión telemática, detalla cómo este entramado ha generado un “tremendo nivel de autocensura” entre la población de la isla.
El informe, sustentado en 200 testimonios de víctimas tanto dentro como fuera del país, sostiene que el Estado cubano actúa bajo una lógica de “Big Brother”, dirigida a desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”. Durante la presentación del estudio, Javier Larrondo, presidente de la ONG, lamentó el impacto del sistema de cibervigilancia, señalando que “es tremendo el nivel de autocensura… (hay) terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp”.
Entre los hallazgos principales, el 46,5% de los encuestados manifestó haber sufrido la intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. En muchos casos, las autoridades mencionaron el contenido de esas conversaciones durante interrogatorios o detenciones sin órdenes judiciales. El texto subraya que este fenómeno no responde a circunstancias técnicas puntuales, sino que constituye “un componente central de un modelo de control político”.
Prácticamente la totalidad de los encuestados (98,5%) reportó haber sido objeto de “sanciones o amenazas” vinculadas al contenido de sus comunicaciones digitales o publicaciones. La muestra incluye mayoritariamente activistas (51%), familiares de presos políticos (33,5%) y periodistas independientes (15%), de los cuales más del 80 % reside en Cuba.
El informe identifica diez patrones de vigilancia, entre los que se cuentan el “ciberpatrullaje” —observación sistemática de publicaciones y comunicaciones—, los cortes selectivos de internet y la “intrusión digital coercitiva”. Esta última implica forzar a las víctimas a desbloquear sus teléfonos sin orden judicial, práctica que afectó al 65,5% de los casos analizados. Tras obtener acceso, las autoridades no solo revisan la información, sino que también intervienen activamente comunicaciones privadas, una situación reportada por el 46,5% de los participantes. Además, el 49,5% detectó sesiones abiertas en sus cuentas desde ubicaciones desconocidas después de estos procedimientos.
El bloqueo selectivo del acceso a internet es otro de los mecanismos documentados, afectando al 77,5% de los consultados. Según el informe, estos cortes suelen coincidir con protestas u otras fechas consideradas sensibles, como el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
“Estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad. Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas. La vigilancia opera sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”, criticó Caren Herrera, directora jurídica de Prisoners Defenders, durante la presentación.
El documento también denuncia la “instrumentalización de la ley” mediante herramientas como el Decreto-Ley 370 y el nuevo Código Penal, que habilitan la imposición de multas elevadas y el decomiso de equipos por la difusión de información considerada contraria al “interés social”, un término que la ONG califica de “vago y discrecional”.
(Con información de EFE)
