Las autoridades iraníes interrumpieron el acceso a internet y a las líneas telefónicas en amplias zonas del país en la noche del jueves, en medio de una nueva escalada de protestas nacionales que ya dejaron decenas de muertos y miles de detenidos, y que volvieron a poner bajo presión directa al poder político y religioso de la República Islámica.
La interrupción de las comunicaciones fue confirmada por la ONG de monitoreo digital NetBlocks y por la empresa de infraestructura Cloudflare, que detectó una caída abrupta del tráfico de datos atribuida a interferencias deliberadas del Estado. Según NetBlocks, Irán quedó “sometido a un corte de internet a escala nacional”, una práctica ya utilizada por el régimen en episodios anteriores de protesta para dificultar la organización y la difusión de imágenes de la represión.
El apagón digital coincidió con manifestaciones nocturnas en Teherán y otras ciudades, luego de un llamado a movilizarse lanzado desde el exilio por el príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, derrocado por la Revolución Islámica de 1979. Testigos citados por agencias internacionales describieron barrios enteros de la capital con personas gritando desde los balcones y miles de manifestantes en las calles.
Los cánticos incluyeron consignas directamente dirigidas contra el sistema político vigente y su máxima autoridad, el ayatolá Alí Khamenei, como “Muerte al dictador” o “Muerte a la República Islámica”. En otros puntos se escucharon lemas a favor del retorno de la monarquía, una expresión impensable décadas atrás y que refleja el nivel de ruptura entre amplios sectores de la sociedad y el régimen clerical.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el bazar de Teherán, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y el colapso del rial, pero rápidamente se extendieron a todo el país. Según recuentos de la AFP y organizaciones de derechos humanos, las movilizaciones alcanzaron al menos 25 de las 31 provincias iraníes y más de un centenar de ciudades, con cierres masivos de mercados, universidades movilizadas y manifestaciones diarias.
El balance de víctimas es objeto de fuertes discrepancias. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, reportó al menos 45 manifestantes muertos, entre ellos ocho menores, y más de 2.000 detenidos en los primeros doce días de protestas. La organización denunció el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad y calificó la represión como “un crimen internacional”, con un llamado expreso a la intervención de la comunidad internacional. Las cifras oficiales iraníes, en cambio, reconocen al menos 21 fallecidos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad.
El miércoles fue señalado como el día más sangriento desde el inicio del movimiento, con al menos 13 manifestantes muertos, según Iran Human Rights. Medios estatales iraníes informaron también de ataques contra efectivos policiales y militares, en un contexto de creciente confrontación y ausencia de canales de diálogo efectivos.
Desde el Gobierno, el presidente Masud Pezeshkian llamó públicamente a la “moderación” y al “diálogo”, aunque sin anunciar medidas concretas para atender las demandas económicas o políticas de los manifestantes. Al mismo tiempo, sectores duros del régimen dejaron entrever una respuesta más severa: el diario ultraconservador Kayhan difundió un video en el que advertía sobre el uso de drones para identificar a los participantes en las protestas.
El llamado de Reza Pahlavi introdujo un nuevo elemento político en un movimiento que hasta ahora se había mantenido mayormente descentralizado y sin liderazgo visible. El exiliado, radicado en Estados Unidos, instó a los iraníes a salir a las calles como “un frente unido” y advirtió a las autoridades que “la represión no quedará sin respuesta”. Sin embargo, analistas señalan que aún no está claro si su figura puede articular una alternativa política viable dentro o fuera del país.
“El problema recurrente de las protestas en Irán ha sido la ausencia de una opción organizada capaz de disputar el poder”, escribió el analista Nate Swanson, del Atlantic Council, citado por AP. El aparato de seguridad del régimen ha logrado, hasta ahora, neutralizar o expulsar a potenciales liderazgos opositores mediante detenciones, persecuciones judiciales y el exilio forzado.
La reacción internacional añadió tensión al escenario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la semana pasada que Washington “acudirá en rescate” de los manifestantes si Teherán responde con una represión letal, declaraciones que fueron rechazadas por el Ministerio de Exteriores iraní como “hipócritas” e injerencistas. Aun así, el Departamento de Estado estadounidense amplificó en redes sociales imágenes de las protestas y mensajes críticos contra la política económica iraní.
Las movilizaciones actuales son las más significativas desde las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Entonces, el régimen respondió con una represión masiva, cortes prolongados de internet y cientos de muertos, un antecedente que explica la rápida adopción de medidas de censura digital en esta nueva crisis.
El trasfondo económico sigue siendo central. Tras años de sanciones internacionales y el impacto de conflictos recientes en la región, el rial iraní se desplomó en diciembre hasta rondar los 1,4 millones por dólar, un derrumbe histórico frente a los niveles previos a 1979 o incluso al acuerdo nuclear de 2015. Para muchos iraníes, el colapso de la moneda y el encarecimiento del costo de vida terminaron de quebrar un contrato social ya erosionado.
Con las comunicaciones bloqueadas, las cifras disputadas y la represión en aumento, el régimen iraní enfrenta uno de los desafíos internos más complejos de los últimos años. La combinación de crisis económica, rechazo político y control autoritario vuelve a situar al país en un punto de inflexión incierto, mientras las calles siguen siendo el principal escenario de disputa.
