El diputado José Chic citó a funcionarios del Ministerio de Gobernación y de entes de control para verificar el avance de la cárcel de Masagua, en Escuintla, un proyecto financiado con un préstamo aprobado en 2020 que sigue sin ejecutarse por completo y cuya fase de construcción podría licitarse en la segunda semana de agosto, después de años de atrasos administrativos, objeciones técnicas y recursos legales.
La obra se enmarca en el préstamo BCI 2181, distribuido entre tres instituciones del sector justicia. Durante la citación, el legislador sostuvo que ninguno de los créditos asignados al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público y al Organismo Judicial ha sido ejecutado al cien por ciento y advirtió que el financiamiento está próximo a vencer.
Funcionarios de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, UEPJ, explicaron que el componente a cargo de Gobernación estuvo entre 24 y 29 meses sin movimiento. Según detalló, el principal obstáculo estaba en la fase de preinversión, que incluía estudios técnicos con inconsistencias en los planos y en la medida del terreno.
Esa discrepancia obligó a pedir una certificación al Registro General de la Propiedad y a rectificar la información catastral antes de continuar. El funcionario añadió que el proyecto también tenía observaciones pendientes ante SEGEPLAN, que emitió una opinión técnica favorable a mediados de diciembre tras las correcciones.
La preinversión quedó cerrada en marzo y habilitó la siguiente etapa
La fase de preinversión se cerró formalmente en marzo de 2026 con el acta administrativa de recepción y el acta de liquidación del contrato 001-2022. Ese cierre fue aprobado por las resoluciones 15-2026 y 16-2026, emitidas el 23 de marzo, y era indispensable para abrir la etapa de construcción.
El monto total de esa preinversión fue de USD 2.17 millones. De acuerdo con los funcionarios, a la empresa Inmobiliaria Rancho Sierra no se le pagó la totalidad porque hubo descuentos y penalizaciones por incumplimientos en la entrega de productos.
El monto original del contrato fue de USD 2.175.833,74. La enmienda número cuatro descontó USD 486 mil y se aplicaron otros USD 282 mil por incumplimientos, por lo que el pago efectivo quedó en USD 1.40 millones.
La empresa, además, reclama USD 768 mil por la vía de recursos administrativos. Los funcionarios indicaron que el Ministerio de Gobernación rechazó un recurso de reposición y que una revocatoria sigue en trámite, aunque aclararon que esos procedimientos no suspenden la continuidad del proyecto.
El nuevo concurso prevé USD 88.9 millones para construir y equipar la prisión
La respuesta central de la citación fue esta: la licitación para construir la cárcel de Masagua todavía no ha sido publicada, pero las bases ya están listas y serán enviadas primero al despacho ministerial para visto bueno, luego al BCI para la no objeción y después a Guatecompras. Con ese calendario, la unidad ejecutora prevé subir el evento en la segunda semana de agosto.
Los funcionarios calcularon que la revisión del banco tarda entre ocho y 15 días. Una vez publicada, la normativa del financista exige que el concurso permanezca al menos 45 días abierto, por lo que la adjudicación podría ocurrir entre octubre y noviembre.
El nuevo evento contempla USD 81 millones para construcción y USD 7,9 millones para equipamiento, para un total de USD 88.9 millones. En la audiencia se indicó que el contrato prevé 13 meses de obra a partir de la adjudicación.
Gobernación endureció las bases tras detectar fallas en el concurso anterior
Los responsables del proyecto afirmaron que las nuevas bases fueron fortalecidas para evitar vacíos detectados en el proceso anterior. Entre los cambios mencionaron la exigencia de fianza de sostenimiento de oferta, fianza de anticipo y garantías de cumplimiento, instrumentos que, según dijeron, no habían sido requeridos de manera suficiente antes.
También adelantaron que las normas del banco permitirán revisar la situación reputacional de las empresas participantes, verificar sanciones y exigir declaraciones juradas y requisitos financieros más estrictos. La unidad ejecutora sostiene que el objetivo es impedir que una firma con antecedentes de incumplimiento o con documentación irregular vuelva a comprometer el avance del préstamo.
El director de la UEPJ afirmó que la baja ejecución no responde a falta de voluntad de la unidad, sino a la necesidad de corregir un proceso que recibió “viciado” desde julio del año pasado. En su exposición, vinculó la construcción de la prisión con la necesidad de atender el hacinamiento carcelario, la seguridad de máxima seguridad y el control de pandillas.
