Amnistía Internacional (AI) denunció el jueves una “masacre” de manifestantes en Irán cometida a una escala sin precedentes y advirtió que la comunidad internacional debe emprender acciones diplomáticas urgentes para frenar el derramamiento de sangre y poner fin a décadas de impunidad sistémica en la República Islámica.
En un exhaustivo informe basado en testimonios y videos verificados, la organización de derechos humanos afirmó que las fuerzas de seguridad iraníes han recurrido a ejecuciones extrajudiciales masivas desde el pasado 8 de enero, coincidiendo con un apagón casi total de internet diseñado para ocultar la magnitud de la represión.
“Esta espiral de derramamiento de sangre e impunidad debe terminar”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Incluso para el sombrío historial de las autoridades iraníes, la gravedad y la escala de los asesinatos desde el 8 de enero no tienen precedentes”.
Llamado a la justicia internacional
La organización instó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a convocar sesiones especiales en el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. AI solicita formalmente que el caso de Irán sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar crímenes de derecho internacional.
Según el organismo, la falta de consecuencias por represiones pasadas ha “envalentonado” a Teherán. El informe destaca que, mientras la cifra oficial de muertos admitida por las autoridades asciende a 2.000, grupos de activistas en el exilio ya contabilizan al menos 2.615 fallecidos en la última semana.
“Las autoridades han recurrido deliberadamente a matanzas masivas de manifestantes que exigen un cambio fundamental y una transición del sistema de la República Islámica a uno que respete los derechos humanos y la dignidad”, añadió Callamard.
Evidencias de una represión coordinada
El análisis de AI, que abarca videos de 10 ciudades en provincias como Teherán, Alborz y Sistan y Baluchistán, revela un patrón coordinado de uso de fuerza letal. Las pruebas muestran a francotiradores apostados en tejados de edificios residenciales y mezquitas, disparando rifles y escopetas de perdigones directamente a la cabeza y el torso de manifestantes desarmados.
En la provincia de Teherán, las pruebas son especialmente gráficas. Amnistía analizó cinco videos grabados en una morgue improvisada en Kahrizak, donde se identificaron al menos 205 bolsas de cadáveres. Un monitor dentro de las instalaciones mostraba un contador numérico para que las familias identificaran a sus fallecidos; dicho contador llegó a marcar la cifra de 250.
Un testigo presencial describió escenas dantescas en el depósito de cadáveres de Kahrizak el pasado 9 de enero: “Llegaron a una sala de autopsias donde los cuerpos estaban apilados unos sobre otros… Había una habitación que estaba tan llena de cuerpos que la puerta ni siquiera se abría”.
El horror en las provincias
La represión no se limitó a la capital. En Mashhad, provincia de Razavi Khorasan, un trabajador médico relató a AI que, en una sola noche, 150 cuerpos de jóvenes manifestantes fueron trasladados desde un hospital hacia el cementerio de Behesht Reza. Según el testimonio, las autoridades enterraron a muchas víctimas antes de ser identificadas.
En Kermanshah, los manifestantes describieron la ciudad como una “zona de guerra”. Un herido relató: “Es un campo de balas. Los oficiales salieron de los callejones circundantes y empezaron a disparar. Me alcanzaron 20 perdigones metálicos… Las fuerzas de seguridad incluso dispararon contra las casas de las personas que daban refugio a los que huían”.
Un periodista en Teherán envió un mensaje desesperado a la organización: “Digan al mundo que se están cometiendo crímenes indecibles en Irán… Digan al mundo que, si no hacen nada, las autoridades convertirán el país en un cementerio”.
El desafío diplomático y el aislamiento
El informe de Amnistía se publica en un momento de extrema tensión. Irán cerró su espacio aéreo durante varias horas la madrugada del jueves sin dar explicaciones, una medida que ha tomado anteriormente durante enfrentamientos militares. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a movilizar personal en sus bases en la región y el presidente Donald Trump sugirió que su administración “actuaría en consecuencia” ante la letal represión.
Por su parte, el ministro de Justicia iraní, Amin Hossein Rahimi, calificó a los manifestantes de “criminales” y “terroristas”, advirtiendo que cualquiera que haya participado en las concentraciones desde el 8 de enero será procesado.
Amnesty International reiteró que el apagón de internet ha dificultado la documentación de los abusos, pero advirtió que la evidencia recopilada es suficiente para exigir procesos penales bajo el principio de jurisdicción universal.
“La comunidad internacional debe emprender acciones diplomáticas urgentes para proteger a los manifestantes de nuevas masacres y enfrentar la impunidad que impulsa la política estatal de derramamiento de sangre”, concluyó Callamard.
