Cinco personas fueron sentenciadas en Ecuador a más de 25 años de prisión por integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Durante el juicio, ocho víctimas relataron que fueron amenazadas con ser “vendidas al Tren de Aragua” si intentaban escapar o denunciar a quienes las explotaban.
La sentencia fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que declaró culpables a los procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La principal sentenciada fue identificada como María del Rosario A. P., considerada autora directa de los hechos. Junto a ella fueron condenadas otras cuatro personas que participaron en distintas etapas de la captación, traslado y control de las víctimas.
Según la Fiscalía General del Estado, la organización operaba mediante engaños y falsas ofertas de trabajo dirigidas principalmente a mujeres extranjeras. Varias de las víctimas provenían de Venezuela y habían llegado a Ecuador buscando oportunidades laborales y mejores condiciones económicas. Una vez en el país, eran retenidas bajo amenazas y obligadas a ejercer actividades sexuales.
Durante el proceso judicial, las víctimas declararon que la red utilizaba mecanismos de intimidación física y psicológica para mantenerlas sometidas. Entre las amenazas más recurrentes estaba la posibilidad de ser entregadas a integrantes del Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela y señalada en distintos países de Sudamérica por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y trata de personas.
Los testimonios recogidos por la Fiscalía indicaron que las mujeres eran vigiladas constantemente y que sus movimientos estaban restringidos. También señalaron que existían amenazas contra sus familiares y advertencias sobre posibles represalias si acudían a las autoridades.
Las investigaciones permitieron establecer que la organización había instalado un esquema de explotación sexual en inmuebles ubicados en Rumiñahui. Las autoridades determinaron que las víctimas eran obligadas a trabajar bajo coerción y que parte del dinero obtenido era controlado por los integrantes de la red.
El operativo que permitió desarticular la estructura fue ejecutado por unidades especializadas contra la trata de personas y contó con la participación de la Policía Nacional y la Fiscalía. Las ocho víctimas fueron rescatadas durante las intervenciones realizadas en los inmuebles investigados.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que los acusados actuaban de manera coordinada y que existía una distribución de funciones dentro de la organización. Según la acusación, algunos miembros se encargaban de captar mujeres mediante redes sociales y anuncios laborales, mientras otros administraban los lugares donde se concretaba la explotación.
El tribunal consideró que existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de los procesados, entre ellas los testimonios de las víctimas, pericias psicológicas, informes investigativos y elementos obtenidos durante los allanamientos.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia incluyó medidas de reparación integral para las víctimas. Entre ellas constan compensaciones económicas y disposiciones orientadas a garantizar atención psicológica y protección estatal.
El caso tuvo repercusión regional debido a las referencias al Tren de Aragua y al uso del nombre de la organización criminal como mecanismo de amenaza. En años recientes, autoridades de distintos países sudamericanos han reportado investigaciones relacionadas con presuntas redes vinculadas a explotación sexual y tráfico de personas que utilizan la imagen o el control territorial atribuido a esa estructura criminal.
En Ecuador, el Ministerio del Interior y la Policía han señalado en distintas ocasiones que investigan posibles operaciones de bandas transnacionales relacionadas con extorsión, narcotráfico, secuestros y trata de personas. El nombre del Tren de Aragua ha aparecido en varios procesos judiciales y reportes de inteligencia vinculados al crimen organizado en la región.
La Organización Internacional para las Migraciones define la trata de personas como la captación, transporte o recepción de personas mediante engaño, amenaza o coerción con fines de explotación. Entre las modalidades más frecuentes están la explotación sexual, el trabajo forzado y otras formas de servidumbre.
De acuerdo con organismos internacionales, las poblaciones migrantes y las personas en situación de vulnerabilidad económica suelen enfrentar mayores riesgos de ser captadas por redes de trata.
