La República Dominicana atraviesa un momento clave en la gestión de su sistema de salud pública tras la decisión del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, de ordenar el retiro de todos los equipos médicos pertenecientes a empresas privadas en hospitales estatales.
Esta medida, respaldada por una resolución oficial, representa el fin de los contratos de “comodatos” que permitían a compañías operar sus propios dispositivos de diagnóstico dentro de centros públicos.
Hasta este anuncio, los hospitales públicos dependían de acuerdos con empresas privadas para el uso de equipos como tomógrafos, máquinas de rayos X y sistemas de laboratorio. En vez de adquirir estos insumos, las instituciones aceptaban que una compañía instalara sus aparatos a cambio de comprarle insumos y reactivos, con frecuencia a precios superiores a los del mercado.
Según informes recogidos por Listín Diario, esta práctica limitaba la autonomía hospitalaria y ponía en riesgo la transparencia en el uso de recursos. Julio Landrón justificó la resolución alegando que el sistema de “comodatos” había terminado por colocar los intereses de empresas por encima de la atención a los pacientes.
Por lo que, el modelo, criticado durante años por diversos sectores, sometía a los hospitales a depender de la voluntad y el interés económico de los proveedores externos, lo que podía traducirse en la obsolescencia de equipos o la interrupción de servicios.
Nuevas reglas para la gestión y financiamiento hospitalario
La nueva estrategia del SNS incluye la adquisición de equipos propios financiados junto al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Bajo este esquema, el dinero que paga el seguro por cada diagnóstico permanecerá en el hospital, con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad financiera.
La meta es que estos fondos se utilicen en salarios, medicamentos o infraestructura, y no se desvíen hacia cuentas privadas. De igual manera, la resolución también establece que las compras de insumos se realizarán mediante licitaciones según el consumo real y priorizando los costos más bajos, lo que debería traducirse en un mayor rendimiento presupuestario.
Landrón subrayó que los directores de hospitales deberán ahora garantizar la transparencia en la contratación de insumos y servicios, eliminando la obligación de trabajar con un único proveedor. Esta medida busca evitar que las instituciones públicas queden “secuestradas” por condiciones contractuales que benefician a terceros.
En cuanto al impacto en la gestión administrativa, el SNS ha implementado controles estrictos en el uso de vehículos oficiales. Solo podrán emplearse para labores de monitoreo y supervisión programada.
De acuerdo con datos de la entidad, esta política ya ha generado un ahorro mensual de 1,3 millones de pesos dominicanos en combustible, una cifra que representa recursos adicionales para la compra de medicamentos y materiales médicos.
El propio Landrón reconoció que la resolución afecta intereses privados que operaban dentro de los hospitales públicos desde hace años. El Estado otorgó un plazo para que las empresas retiren sus equipos, algunos de los cuales presentan tecnología obsoleta.
La resolución marca un cambio de paradigma en la salud dominicana, centrado en devolver la gestión y los beneficios de los hospitales públicos a la administración directa del Estado. El retiro de los equipos privados simboliza el inicio de una etapa en la que la salud pública busca competir en calidad y eficiencia con el sector privado, y en la que el control de los recursos pretende beneficiar de forma más directa a la población dominicana.
