La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador continuó este miércoles el análisis de la propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas, presentada por el Ejecutivo para establecer un nuevo marco regulatorio para la colaboración entre el Estado y el sector privado en infraestructura y servicios públicos. A la sesión asistió Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), quien expuso los aportes técnicos y la visión de la institución respecto al proyecto.
La propuesta busca definir de manera precisa la diferencia entre una alianza público-privada y un proceso de privatización. Ayala explicó que, bajo estos esquemas, la propiedad de los bienes estatales involucrados permanece bajo control público, mientras que su explotación temporal corresponde al privado a cambio de inversiones y mejoras tecnológicas. “En ningún momento una alianza público-privada es una privatización”, afirmó el titular de Invest ante los diputados.
El proyecto pretende reducir la burocracia e integrar en una sola dirección la custodia y el proceso técnico de las alianzas, con el fin de agilizar los procedimientos y garantizar la transparencia. Según la propuesta, hasta la fecha solo se ha concretado un convenio de este tipo desde la aprobación de la normativa original en 2013, y las autoridades consideran que los trámites excesivos han sido una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.
Ayala indicó que Invest participó en las mesas técnicas que dieron forma al proyecto; sin embargo, señaló que, tras la nueva ley, las atribuciones que recaían sobre la agencia pasarán a la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, dependiente del Ministerio de Hacienda. Invest mantendrá su rol enfocado en la promoción de inversión extranjera directa y nacional, sin intervenir en la gestión de alianzas público-privadas. “No hay ninguna duplicidad de deberes”, remarcó Ayala.
Un tema relevante del debate fue la eliminación de la oficina de fiscalización de alianzas público-privadas, contemplada en la legislación anterior. Legisladores de la oposición cuestionaron que esta medida pudiera debilitar los controles y la supervisión sobre el cumplimiento de los contratos.
Ante estas inquietudes, Ayala y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda manifestaron que la función de control permanece bajo la nueva dirección y que las instituciones contratantes y la Fiscalía General de la República conservan las atribuciones legales para supervisar la correcta ejecución de los proyectos. “El interés de la dirección es el bien público, no el privado”, destacó Ayala.
Otro punto central fue la posible exclusión de los sectores de salud, educación y recursos hídricos del alcance de la ley. Ayala manifestó que no existen proyectos en curso para alianzas público-privadas en estas áreas y aclaró que la rectoría de la educación y la salud sigue bajo control estatal conforme a la Constitución. Algunos diputados expresaron inquietud por la ausencia de una prohibición explícita en la ley que podría permitir futura intervención privada en estos servicios.
Durante la sesión, Ayala destacó el impacto de otros marcos normativos recientes, como la ley de expansión empresarial: según datos de Invest, se han generado más de 233 millones de dólares en reinversión y más de 1.400 empleos directos en el primer trimestre de vigencia.
La comisión acordó citar al ministro de Hacienda, Gerson Posada, en la próxima sesión para profundizar en el rol de su cartera en la implementación de la ley y resolver dudas técnicas de los diputados. El debate continuará para definir los mecanismos de control y la cobertura de la nueva normativa.
