A partir de una resolución que salió en Boletín Oficial, se restringió el acceso a las canchas a un simpatizante de un equipo de fútbol amateur que había provocado disturbios durante una disputa en un Torneo Regional.
Así lo determinó el Ministerio de Seguridad Nacional que dictó la medida contra Nicolás Carlos Alberto Jaime -simpatizante del Club Atlético de Paraná- por el lapso de un año.
La aplicación de restricción de concurrencia administrativa por doce meses se formalizó mediante la Resolución 240/2026, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, y tiene vigencia a partir de su dictado. Esta decisión se fundamentó en los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2025, durante un partido entre el Club Atlético Paraná y el Club San Justino, disputado en el estadio de la entidad paranaense.
Según el informe elevado por la las autoridades policiales de Paraná, el simpatizante sancionado protagonizó incidentes de violencia en el encuentro, que incluyeron insultos, empujones e incitación a pelear a otros hinchas del mismo club. La normativa detalla en uno de sus párrafos: “Las presentes actuaciones se inician con la recepción en la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de este Ministerio de la resolución dictada por la Jefatura Departamental de Paraná perteneciente a la Policía de Entre Ríos».
La conducta fue considerada infracción al artículo 26° de la Ley 23.184, lo que derivó en la sanción local inicial y el posterior traslado del expediente a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos de la cartera que conduce Monteoliva.
La resolución apunta a preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, en línea con la política nacional de prevención de hechos de violencia en el deporte. El Programa Tribuna Segura será el encargado de registrar la restricción aplicada a Jaime, en concordancia con lo dispuesto por la normativa vigente y el accionar preventivo de la Policía de Entre Ríos.
La cartera de Seguridad aplicó la misma sanción a mediados de febrero, contra un grupo de hinchas que se pelearon en un partido de fúntbol femenino.
Al menos 31 hinchas quedaron imposibilitados por cuatro años para ingresar a estadios y recintos deportivos, luego de que se registrara una pelea el 14 de diciembre de 2025 en el estadio Julio César Villagra de Córdoba durante la final del Torneo Femenino de Fútbol.
La sanción fue adoptada luego de analizar los hechos que involucraron a dos facciones radicalizadas de simpatizantes del equipo cordobés. El conflicto se originó cuando ambas partes se enfrentaron violentamente dentro de una tribuna y en las inmediaciones del estadio, lo que requirió la intervención de la Policía de Córdoba con armamento menos letal para dispersar a los grupos. Una de las facciones se replegó en el estadio, mientras que la otra arrojó piedras y objetos contra los agentes, causando daños en vehículos particulares.
La investigación policial determinó que la pelea fue encabezada por el grupo liderado por Germán “El Gitano” Minuet, mientras que la otra facción respondía a Lucas Pavón, quien ese día tenía vigente una prohibición de concurrencia, por lo que no fue visto en la cancha según el expediente. Los incidentes fueron captados por cámaras de seguridad y registraron imágenes que permitieron identificar a los principales implicados. Las grabaciones fueron incorporadas al sumario digital y también circularon en medios y redes sociales.
El informe de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba atribuyó la pelea a disputas internas dentro de la barra local y describió el operativo de control escalonado que priorizó el retiro seguro de los asistentes ajenos al conflicto. La documentación con la lista de los implicados fue remitida por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO) para su incorporación al Programa Tribuna Segura, una herramienta que opera en partidos de alto riesgo y tiene como objetivo eliminar la violencia en el fútbol argentino.
La medida impide que los afectados ingresen a cualquier eventos deportivo oficial, sin importar si se trata de partidos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino o de otras competencias reconocidas; y se extiende a todo el territorio nacional.
La resolución destaca que uno de los objetivos centrales es “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.
