El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, una iniciativa que incorpora el artículo 169-A al Código Penal y que establece sanciones contra el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas en manifestaciones cuando exista la intención de ocultar la identidad para cometer o incitar actos violentos.
La propuesta se perfila como una de las reformas penales más debatidas en materia de orden público y protesta social en los últimos años.
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal sanciona a quien impida una reunión pacífica y lícita con penas de uno a tres años de prisión, que aumentan si el responsable es un servidor público.
El nuevo artículo 169-A amplía el alcance punitivo al establecer que quien utilice medios para ocultar total o parcialmente su rostro durante una protesta con el propósito de provocar violencia, intimidación u odio será castigado con dos a cuatro años de prisión, elevándose la sanción a cuatro a seis años si la conducta facilita la comisión de otros delitos.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad ciudadana, proteger el derecho a la manifestación pacífica y evitar que grupos violentos se infiltren en protestas para generar disturbios o daños a la propiedad.
Desde la perspectiva gubernamental, la reforma pretende establecer un marco disuasivo que permita a las autoridades actuar frente a situaciones en las que el anonimato sea utilizado como herramienta para la violencia.
Sin embargo, el proyecto ya ha generado reacciones críticas de diputados de oposición y organizaciones civiles, que advierten posibles afectaciones a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Algunos sectores consideran que la iniciativa podría interpretarse como un mecanismo de control social, especialmente en contextos de movilizaciones ciudadanas relacionadas con temas de alto impacto político y económico.
Las críticas también se vinculan al contexto reciente de protestas nacionales, particularmente las registradas en 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia que provocó el cierre de la mina de cobre operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
Las manifestaciones se extendieron por más de 30 días, con bloqueos y paralización parcial de la actividad comercial, marcando uno de los episodios de mayor movilización social en la historia reciente del país. El año pasado, maestros y profesores, así como trabajadores de la construcción protestaron contra las reformas a la Caja del Seguro Social, así como empleados del sector bananero.
En ese escenario, sectores críticos sostienen que la propuesta legislativa podría estar relacionada con la posibilidad de nuevas protestas ante decisiones futuras del Ejecutivo, entre ellas la eventual reactivación del proyecto minero o medidas económicas de alto impacto.
Organizaciones sociales han señalado que el uso de mascarillas o coberturas faciales no siempre está vinculado a actos violentos, sino que también responde a motivos de seguridad personal, salud o protección frente a gases lacrimógenos.
Desde el ámbito legislativo, el debate se anticipa intenso, ya que la iniciativa deberá ser analizada en comisiones y posteriormente en el pleno de la Asamblea Nacional, donde podrían presentarse modificaciones, ajustes o propuestas alternativas.
Diputados opositores han adelantado que promoverán una discusión amplia para evaluar el alcance real de la norma y su compatibilidad con garantías constitucionales.
El proyecto también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles, un tema recurrente en la región ante el aumento de protestas sociales y tensiones políticas.
Analistas señalan que la clave estará en la interpretación jurídica del elemento intencional, es decir, demostrar que el uso de máscaras tenga como objetivo facilitar actos violentos y no simplemente proteger la identidad en el ejercicio del derecho a manifestarse.
En términos políticos, la iniciativa se produce en un momento de alta sensibilidad social, con discusiones sobre el futuro del sector minero, la situación fiscal y otros temas de alto péfil como la construcción de un nuevo embalse en el Canal de Panamá. Esto ha llevado a que el proyecto sea percibido por algunos actores como una medida preventiva frente a escenarios de conflictividad.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantiene que la reforma no busca limitar la protesta pacífica, sino evitar la impunidad de quienes cometen delitos durante manifestaciones aprovechando el anonimato.
La discusión legislativa y el eventual proceso de aprobación determinarán el impacto real de la propuesta en el marco legal de las protestas en Panamá, en un debate que combina seguridad, derechos civiles y gobernabilidad.
