El debate por la reforma laboral continúa en el centro de la agenda económica y social. Lucrecia Eterovich, periodista de Economía de Infobae en Vivo, afirmó que “la industria del juicio en Argentina impacta negativamente tanto en empresarios como en trabajadores, y las reformas laborales en discusión aún no abordan el corazón judicial del problema: Los excesivos litigios y la indefensión del propio trabajador frente al sistema”.
En diálogo con el panel, la especialista expuso datos comparativos con países como España y Chile, y remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.
En este contexto, Eterovich profundizó sobre el escenario de expectativas en torno a la inminente discusión de una reforma laboral, la presión ejercida por el sector empresario para recortar costos y reducir la inseguridad jurídica, y la incógnita respecto al tenor de los cambios que presentará el Gobierno en el Congreso Nacional.
“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich; y añadió que la cuestión medular es si el proyecto legislará finalmente sobre lo que se denomina ‘industria del juicio’ en nuestro país.
En 2024, según un informe reciente de la Fundación Mediterránea, las demandas por accidentes laborales en la Argentina aumentaron en 125 mil casos, aunque la cifra de accidentes cayó. Es decir, la cantidad de litigios creció cuando la siniestralidad bajó, un verdadero contrasentido.
La periodista enfatizó que esta brecha es todavía más notoria al analizar la comparación internacional: “Los niveles de accidentes laborales en Argentina, España y Chile son similares, pero la tasa de juicios laborales es descomunalmente mayor en nuestro país: hablamos de 114,3 juicios cada 100 mil trabajadores, comparado con 9,5 en España y apenas 5,8 en Chile. Quiere decir que, mientras en otros países los conflictos se resuelven generalmente sin llegar a tribunales, aquí el sistema alimenta la judicialización extrema”.
La dinámica perversa de la industria del juicio
Eterovich explicó que, en Argentina, el mecanismo judicial incentiva la acumulación de demandas por accidentes laborales o despidos, generando costos elevados para las empresas y resultados inciertos para los trabajadores: “La lógica es que, a diferencia de Chile o España, en Argentina los acuerdos extrajudiciales son la excepción: los casos llegan a la justicia porque el sistema legal, los incentivos de los abogados y la ausencia de un órgano de peritos imparcial lo facilitan”.
El resultado, según la periodista, es un circuito de demoras interminables, costos multiplicados y sentencias que, muchas veces, terminan perjudicando tanto a las PYMES como a los propios trabajadores: “El juicio laboral no sólo le cuesta al empleador; muchas veces, el trabajador termina perdiendo parte sustancial del monto al acordar anticipadamente con su abogado o al aceptar ofertas irrisorias”.
Un tema recurrente: diferencias jurisdiccionales y arbitrariedad
Otro aspecto destacado por la periodista fue la dispersión de criterios en la interpretación y aplicación de la ley. “Cada jurisdicción aplica tasas de ajuste distintas para el cálculo de indemnizaciones, lo que genera sentencias contradictorias. La inseguridad jurídica no sólo inquieta a los empleadores: los trabajadores también quedan sujetos a la arbitrariedad del juez de turno”, planteó. Este panorama se traduce en un contexto en el que “el mismo caso puede ser fallado de maneras diametralmente opuestas”.
Eterovich señaló que existen iniciativas para intentar reducir los abusos en los juicios laborales, pero la implementación fue parcial: “En 2017 se propuso generalizar dos mecanismos: que todas las provincias exigieran el paso obligatorio por las comisiones médicas (lo que en parte se cumplió) y, fundamentalmente, constituir cuerpos estables de peritos judiciales empleados por el Estado. Esto último nunca avanzó: el perito sigue siendo, muchas veces, un actor con interés propio, porque sus honorarios dependen del monto que cobre el trabajador”.
Entre otras cosas, la periodista alertó que la indefinición normativa, sumada al tiempo que demoran los procesos, suele generar indemnizaciones económicas desmedidas. “Las tasas de ajuste aplicadas por los jueces pueden hacer el monto final impagable. En ocasiones, ocurre lo inverso: cuando la tasa queda por debajo de la inflación, el empleador se ve incentivado a dilatar el juicio para licuar el costo real”. Así, ambas partes se ven atrapadas en una lógica perversa: “El trabajador pierde poder adquisitivo y el empleador puede verse hundido por una sentencia extraordinaria años después”, dijo.
Expectativas por la reforma laboral: hermetismo y presión de los sectores involucrados
Respecto de los eventuales cambios en la legislación laboral, Eterovich remarcó que reina la expectativa pero también la incertidumbre: “El Gobierno busca evitar filtraciones, pero se sabe que hay presión tanto del empresariado como del sindicalismo para definir una fórmula que otorgue más previsibilidad.
De forma continua, indicó que “los representantes gremiales, por ejemplo, estarían dispuestos a discutir la creación de un vademécum para incapacidad y la definición precisa de cuáles conceptos integran la base indemnizatoria, pero persisten las resistencias y la negociación será ardua”.
El debate público, dijo Eterovich, seguirá intensificándose a medida que avance el calendario legislativo. “La cuestión central de la reforma es, al fin, si logra crear condiciones para reducir la judicialización, ordenar el cálculo de indemnizaciones y ofrecer garantías reales tanto a quienes crean empleo como a quienes trabajan”.
Para cerrar, la periodista reflexionó que “la clave estará en la letra chica del proyecto gubernamental y en la capacidad de los actores de encontrar equilibrios justos que protejan derechos y mantengan la sustentabilidad”. El desafío es construir un sistema que no incentive la judicialización y que, a la vez, no desampare al más débil.
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