Los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron esta tarde la Ley de creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), que da origen a una entidad destinada a formar profesionales de alto nivel en áreas clave para el sistema de justicia del país.
Esta decisión responde a la necesidad de fortalecer la formación de fiscales, peritos y personal relacionado con la investigación criminal en un contexto de desafíos crecientes en la delincuencia y la evolución de las ciencias jurídicas y forenses.
La nueva institución nace como un organismo público, con personalidad jurídica y autonomía técnica y académica, y quedará adscrita a la misma Fiscalía General de la República. Su sede principal estará en Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, aunque podrá expandirse con sedes regionales y convenios según las necesidades y recursos disponibles. La ley establece que el Instituto contará con patrimonio propio y duración indefinida, asegurando así su funcionamiento a largo plazo en todo el territorio nacional.
El objetivo central del Instituto será formar profesionales con excelencia académica y técnica, altamente especializados en ciencias jurídicas, criminalística, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia, dotados de sólidos conocimientos teóricos y prácticos, pensamiento crítico y valores éticos. Con esta estructura, la Fiscalía busca una formación continua y especializada de su capital humano para responder a las demandas de un sistema moderno, eficiente y transparente.
El diputado Caleb Navarro explicó durante el estudio de la iniciativa, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó que este instituto tiene como modelo “el instituto del Ministerio Público Fiscal de República Dominicana, que ha estado formando en toda la región en temas de criminología”.
“También nos decía que tiene ya convenios con otras fiscalías de diferentes países para que hayan lazos de hermanamientos y puedan venir a El Salvador a este tipo de formación”, destacó el diputado.
Por su parte, la diputada Alexia Rivas, señaló que en el 2008 existía en la Asamblea Legislativa “una escuela de capacitación que no homologaba ningún título, únicamente era para un tema de formación de fiscales”.
“Sin embargo, ahora, esta institución pretende dar un salto de calidad en el sentido de crear ya un instituto específicamente. Dentro de los objetivos que la Fiscalía tiene es poder crear dentro de la institución la primera maestría en Investigación Criminal”, destacó.
De acuerdo con el documento aprobado, entre las funciones clave del Instituto figuran el diseño e impartición de programas de formación inicial, capacitación continua y especialización, incluyendo diplomados, maestrías y doctorados. La institución impulsará la investigación científica y aplicada en las materias relacionadas a la labor fiscal, además de fomentar la publicación de obras académicas y materiales técnicos. Otra atribución relevante es la certificación de competencias profesionales, tanto para miembros de la Fiscalía como para otros profesionales que participen en sus programas, ajustándose a estándares de calidad nacional e internacional.
La ley también permite al Instituto establecer convenios de cooperación académica y científica con instituciones nacionales e internacionales, organismos de justicia y centros de investigación, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos. Además, prioriza la formación ética, la integridad y la protección de víctimas y grupos vulnerables, así como el fortalecimiento de los principios democráticos y constitucionales en todos sus programas.
El patrimonio de la institución estará conformado por recursos financieros asignados dentro del presupuesto de la Fiscalía, bienes muebles e inmuebles, ingresos propios, donaciones, fondos internacionales y utilidades provenientes de inversiones y operaciones financieras. Estos fondos, junto al presupuesto anual y régimen de salarios, serán aprobados por la Fiscalía y remitidos al Ministerio de Hacienda para su autorización. Además, la Corte de Cuentas ejercerá la fiscalización del presupuesto y la institución deberá implementar mecanismos de control interno, auditoría independiente y supervisión continua.
La aprobación de esta ley representa una apuesta institucional por elevar el perfil del talento humano en el sistema de justicia salvadoreño, a través de un centro de formación dedicado únicamente a las tareas y exigencias específicas de la investigación y persecución penal en el país.
