La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes dictamen favorable para la aprobación de la Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), una iniciativa presentada por el Ejecutivo que busca profesionalizar al personal fiscal mediante una institución pública de educación superior adscrita a la Fiscalía. El dictamen será estudiado mañana en la sesión plenaria.
La propuesta legislativa contempla la formación de un instituto con autonomía técnica, académica y financiera, encargado de impartir formación especializada en áreas como ciencias jurídicas, criminología, ciencias forenses y gestión pública.
Durante su participación en la Comisión, el fiscal general Rodolfo Antonio Delgado Montes detalló que el instituto operará en el complejo de la FGR y contará con una infraestructura que incluye ocho salones de capacitación, un auditorio para 110 personas, salón de simulación de audiencias, biblioteca física y virtual, así como espacios destinados a investigación científica y proyección social.
Según explicó Delgado ante los diputados, la creación del instituto representa “una inversión estratégica para el desarrollo del talento humano especializado en la Fiscalía”.
El funcionario subrayó que la institución ofrecerá la primera maestría en Investigación Criminal disponible en la región centroamericana y del Caribe. “Formar profesionales con capacidades técnicas adecuadas impactará en la administración de justicia y en la calidad del servicio a la ciudadanía”, afirmó.
El dictamen aprobado incorpora dos modificaciones solicitadas por el fiscal general durante su intervención en la comisión. En primer lugar, propuso un cambio para mejorar la redacción en la enumeración de las áreas de especialización del instituto.
Posteriormente, sugirió ampliar el literal “D” del artículo cinco, referente al patrimonio y financiamiento, para que los fondos puedan provenir de “donaciones, legados y aportes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”, en lugar de limitarse únicamente a organismos nacionales e internacionales.
El acceso a la oferta académica, según expuso el fiscal general, estará inicialmente dirigido al personal de la Fiscalía General de la República, pero se prevé una apertura gradual hacia otros servidores públicos, como policías, miembros de la Fuerza Armada, médicos forenses y jueces.
Posteriormente, se espera que abogados en ejercicio y recién graduados también puedan acceder a los programas. El proceso de admisión contempla requisitos académicos, como la redacción de un ensayo que justifique el interés por cursar los estudios de posgrado.
Para garantizar el retorno de la inversión estatal, Delgado explicó que quienes reciban formación financiada por la institución deberán cumplir un periodo mínimo de servicio dentro de la Fiscalía. Esta medida busca evitar que los profesionales capacitados migren inmediatamente al sector privado. “El costo de los estudios se trasladará en tiempo de servicio mínimo que debe cumplir el profesional en la institución”, detalló.
El instituto cuenta con convenios vigentes con entidades internacionales, entre ellas el Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, en Brasil, y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como acuerdos de cooperación con universidades nacionales. Estas alianzas permitirán a los estudiantes realizar prácticas y servicios sociales en un entorno seguro bajo supervisión institucional.
Durante la sesión, la diputada Alexia Rivas expresó que la creación del instituto responde a la necesidad de contar con personal fiscal altamente capacitado, lo que impactará de forma directa en la atención que brindan las instituciones públicas.
“Poder tener personal altamente capacitado impacta directamente en la atención que recibe la ciudadanía”, señaló Rivas ante la comisión.
La administración y representación legal del instituto estará a cargo del fiscal general, quien delegará las funciones académicas y administrativas en una rectoría. El financiamiento y patrimonio inicial del centro estarán constituidos por los bienes y recursos asignados por la Fiscalía, sin requerir fondos adicionales del Estado, según lo expuesto por las autoridades en la comisión.
Con este dictamen favorable, la Asamblea Legislativa avanza en el proceso para dotar a la Fiscalía de un modelo formativo propio, orientado a fortalecer el sistema de justicia de El Salvador. La sesión plenaria para el análisis y aprobación de esta iniciativa está programada para mañana a las 9:00 a.m.
