ROSARIO.-El 13 de noviembre pasado, agentes de Gendarmería allanaron la sede de ARCA Rosario (exAfip), en una causa en la que uno de los protagonistas es el juez federal Marcelo Bailaque. Lo que se investiga en uno de los capítulos de esta causa es que en el organismo fiscalizador armaba causas en complicidad con el magistrado.
Por eso, ese día agentes de Gendarmería allanaron la sede de ARCA en Rosario y se llevaron una sorpresa, cuando iban a “requisar” –incautar el teléfono celular- de uno de los directivos, Pablo Andrés Allegri. El actual director de Regional de ARCA, Rubén Ranieri, les dijo a los gendarmes que Allegri no estaba dentro del edificio y que se encontraba con “licencia gremial”.
Esta maniobra que habría llevado adelante Ranieri terminó en una denuncia que impulsaron el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, y Esteban Venditti, Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que se suman a las pesquisas que realiza en Rosario un grupo de fiscales sobre tres casos que involucran al magistrado rosarino.
Uno de esos expedientes tiene a varios funcionarios de la exAFIP sospechados de armas causas. El principal acusado es Carlos Andrés Vaudagna, quien fue jefe de las delegaciones del organismo recaudador en Rosario y Santa Fe. Es el más comprometido, según la investigación que lleva adelante el fiscal de PROCELAC, Juan Argibay Molina. El rol de este exfuncionario es clave, porque la investigación se inició a raíz de la información que figuraba en un teléfono celular de Vaudagna, que fue secuestrado hace tres años en otra causa, relacionada con Vicentín.
Pablo Andrés Allegri se desempeñaba en la exAFIP en ese período, junto con Fernando Duncan Amante y Luciano Martín Giunta. Por eso, los tres fueron allanados por orden del juez Eduardo Rodrígues Da Cruz ante el pedido de los fiscales. En ese allanamiento ocurrió este nuevo episodio que desembocó en una denuncia contra el director regional de ARCA Rubén Ranieri, que no está involucrado en las maniobras sospechosas que se tejían en el organismo, pero se sospecha que intentó favorecer a Allegri para que Gendarmería no le incautara el celular, al informarle a los agentes que este funcionario se encontraba con “licencia gremial”.
Además de ser empleado de ARCA, Allegri estuvo en la comisión directiva de Newell’s hasta mediados de este año, cuando decidió renunciar. Este hombre era representante del club rosarino en la AFA y tenía un rol protagónico. Cuando se conoció su dimisión, Allegri señaló al diario El Ciudadano que tomó esa decisión “por temas personales y laborales”.
La causa que complica al exjefe de Allegri y al juez federal Bailaque tiene que ver con una causa que supuestamente se armó para perjudicar a dos financistas. En la audiencia que se realizó a fines de noviembre pasado, el fiscal Argibay planteó que Vaudagna actuó en una red de funcionarios públicos, entre los que estaba el magistrado federal y Allegri, para intervenir en situaciones y favorecer a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales.
La investigación apunta a que abrieron una causa contra los financistas Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objetivo de perjudicarlo al primero en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal. “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”, planteó el fiscal en la audiencia.
Lo extraño de este caso es que la causa contra los dos financistas se abrió luego de que llegara a la exAFIP un mensaje anónimo contra Iglesias y Oneto. Vaudagna, a cargo del organismo recaudador, presentó en 2021 una denuncia ante Bailaque, que estaba de turno.
A diferencia de lo que hacía de manera frecuente, el magistrado no delegó la causa a la Fiscalía. A su vez, se detectaron en el teléfono celular de Vaudagna diálogos casi cotidianos con el juez federal. Otro punto llamativo es que Bailaque ordenó un allanamiento a los financistas acusados, en los que participaron agentes de la exAFIP. Luego, sin ningún avance en la investigación y sin ningún motivo aparente, Bailaque dictó la falta de mérito contra los empresarios. Allegri, según se sospecha en la investigación, era uno de los formaba parte del entramado oscuro en la exAFIP para abrir y cerrar causas en complicidad con el juez.
Bailaque está complicado por las investigaciones judiciales en su contra y también en el Consejo de la Magistratura, donde se analiza su comportamiento en cuatro causas, entre ellas una emblemática como es la de Esteban Alvarado, uno de los narcos más poderosos de Rosario. La sospecha es que el magistrado demoró por lo menos tres años para comenzar a investigar a uno de los narcos más pesados de Rosario, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le había enviado informes y solicitado intervenciones telefónicas, que el funcionario rechazó.
La defensa de Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario y Santa Fe, planteó varias recusaciones, entre ellas las del juez de Garantías Rodrígues Da Cruz y las del camarista federal Aníbal Pineda, que fueron rechazadas. Luego, interpusieron un recurso para que los casos en los que están siendo imputados Bailaque y el extitular de la exAFIP sean analizados con el código procesal anterior al acusatorio, que se puso en marcha en mayo pasado. El viernes se definirá este punto, pero es probable que las imputaciones contra Bailaque y Vaudagna, entre otros, queden para el año que viene.
La única causa que logró sortear las recusaciones fue la que complica al juez y su contador Gabriel Mizzau. El 11 de junio pasado LA NACION reveló que el magistrado compartía su contador con el narco Alvarado. A partir de esta publicación se inició la investigación judicial que es una de las que más complica al juez.
Mizzau le llevaba las cuentas a Bailaque y, a su vez, firmó los balances de las empresas Logística Santino y Sagrado Corazón de María. Esas dos firmas, según comprobó la Justicia, eran de Alvarado, quien había puesto como testaferros a parientes, entre ellos, a su esposa Rosa Capuano.
El magistrado federal participó como instructor en el caso por el cual Alvarado fue condenado como organizador de un transporte de 493 kilos de marihuana detectado en General Roca, en la provincia de Río Negro en 2017. En el expediente que él controló aparece Mizzau, su propio contador, que firma los balances contables de las empresas de Alvarado.
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