La Policía Federal y la DFI frustraron en las últimas horas una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos ubicados en las provincias de Jujuy y Buenos Aires, que eran planeados por dos menores de 15 y 16 años, indicaron fuentes del caso a Infobae.
La investigación, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, se inició en julio del año pasado, a partir de un informe remitido de manera directa por el FBI a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Horacio Azzolin.
El reporte alertaba sobre conversaciones entre dos chicos en una conocida red social, que contenían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial. En las charlas, también manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar.
El fiscal encomendó a los detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA el caso, quienes trabajaron contra reloj para desactivar el potencial atentado.
Los federales lograron identificar a los titulares de los perfiles denunciados mediante tareas de inteligencia y aplicaron técnicas OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas).
Se trataba de dos adolescentes con acceso a armas blancas no convencionales y de fuego. “Hoy, solo con un cuchillo pueden hacer un desastre”, remarcaron con preocupación los investigadores a este medio.
Ambos tienen un perfil similar: los describen como retraídos y aislados socialmente. Al mismo tiempo, sus padres están separados y a varios kilómetros de distancia.
En un caso, uno de los imputados vive en La Quiaca, en la provincia de Jujuy. El segundo en la ciudad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.
En el primer domicilio, los detectives hallaron un cartucho 7.62 x 54 mm; seis celulares, dos notebook, cuatro consolas de juego, una tablet, tres libros referentes a extrema derecha y simbología nazi y una lámina con ilustraciones de armas de fuego.
En Ezpeleta, secuestraron un cuchillo de caza, un celular, una notebook, un cuaderno con ilustraciones con simbología nazi y tres libros.
Los allanamientos se extendieron a Ezpeleta, en Quilmes, y San Martín, donde residen los progenitores que no tienen la tenencia. En esas propiedades no se encontraron elementos de interés.
Los elementos incautados, que serán peritaados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, caratulada “Intimidación Pública”.
El caso contó con la intervención de la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri y el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo de Santiago Inchausti.
Además, en el procedimiento en Jujuy, se solicitó la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA.
De acuerdo a fuentes del caso, con este, en dos años, se detectaron 13 potenciales atentados similares, una tendencia mundial que va en aumento.
Subrayaron, al mismo tiempo, que los perfiles de los menores involucrados se repiten, tal como la bibliografía y las redes sociales en las que interactúan y por las que se envían material.
Factores de riesgo
De acuerdo a las fuentes, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.
Se detectó casos en los que solicitan instrucciones para armar artefactos explosivos caseros o armas en 3D a los contactos que realizaron, a través de redes sociales, con supuestos integrantes de organizaciones extremistas que reclutan “lobos solitarios” a través de aplicaciones de mensajería y redes.
Por otro lado, investigadores cercanos a estos casos indicaron que hay denominadores de riesgo entre los menores: tienen acceso a armas, sus padres están separados o fallecidos, se crían en un entorno hostil y sin contención familiar. Son los casos que más preocupan.
Además, percibieron que estos adolescentes no concurren regularmente a la escuela.
