El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, continúa en el ojo de la tormenta. Luego del allanamiento a su vivienda y pedido de impedimento de salida del país, un testigo protegido asegura que abogó ante el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en favor de un excliente suyo para que sea trasladado de penal.
“Tengo conocimiento que la esposa de Marcelo Salirrosas acudió a la oficina del ministro del Interior, donde pudo grabarlo nuevamente registrando la llamada que hizo al ministro de Justicia, de apellido Arana, a quien le dijo que si se acordaba del caso de Marcerlo Salirrosas y que por favor vea ese tema, pues justo estaba con su esposa», se lee en el documento al que accedió Ocurre Ahora.
La declaración también vincula a Carlos Franco Medina, director del establecimiento penal “El Milagro” en Trujillo, quien le habría dicho al interno que “tenía un buen padrino, pues justo en esos días lo tenían que trasladar junto a otro grupo de internos, pero lo dejaron ahí”.
¿Quién es Miguel Marcelo Salirrosas?
Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’ o ‘Diablo’, es uno de los efectivos policiales acusado de pertenecer a la organización criminal conocida como “Los Pulpos”, a los que Juan José Santiváñez defendió.
De acuerdo con la información difundida por “Panorama”, él y Eber Juárez, otro de los efectivos que defendió, fueron detenidos el 18 de agosto de 2016 durante un megaoperativo realizado en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, y en tres penales ubicados en Trujillo y Lima. En esta intervención participaron 350 efectivos policiales y 40 fiscales, quienes desarticularon parte de la estructura de la organización criminal. Según las investigaciones del Ministerio Público, los agentes formaban parte de una facción denominada “Los K y K”, que integraba remanentes de “Los Pulpos” bajo el nombre de “Nueva Jauría”.
Meses después de su captura, el Poder Judicial dictó una sentencia de 22 años y 7 meses de prisión para Salirrosas y Juárez Moya, al encontrarlos culpables de colaborar con la organización criminal. Esta banda, que operaba como el brazo armado de “Los Pulpos”, era responsable de múltiples crímenes y extorsiones en Trujillo y otras localidades del país.
En este contexto, Santiváñez presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) en nombre de los acusados. Este recurso buscaba cuestionar las decisiones tomadas por los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes habían ratificado las condenas impuestas a los efectivos policiales.
La participación de Santiváñez en este caso ha generado cuestionamientos debido a su actual posición como titular del Ministerio del Interior, una cartera encargada de velar por la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado.
El operativo que llevó a la captura de Salirrosas y Juárez Moya fue una acción coordinada entre diversas entidades del sistema de justicia. Según las investigaciones, “Los Pulpos” y sus facciones derivadas, como “Nueva Jauría”, habían logrado infiltrar a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para facilitar sus actividades delictivas. Estas incluían extorsiones, asesinatos y otros crímenes que afectaban principalmente a la región de Trujillo.
La intervención simultánea en el distrito de El Porvenir y en los penales de Trujillo y Lima permitió desarticular parte de esta red criminal. Sin embargo, las autoridades señalaron que la organización había logrado captar a efectivos policiales para garantizar su protección y operar con mayor impunidad. Este hecho subraya la complejidad del caso y la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de combatirlo.
Tras su detención, el Ministerio Público presentó pruebas que vinculaban a Salirrosas y Juárez Moya con las actividades de “Los Pulpos”. Estas evidencias fueron determinantes para que el Poder Judicial dictara las sentencias de más de 22 años de prisión contra ambos. Según las investigaciones, los policías no solo colaboraban con la organización, sino que también facilitaban sus operaciones al actuar como parte de su estructura.
La condena de los agentes fue un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en el norte del país. Sin embargo, la revelación de que el actual ministro del Interior defendió a los acusados en un recurso ante el TC ha generado controversia y cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar la cartera encargada de combatir estas redes delictivas.
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